El BNG de Santiago prescinde del interventor municipal al no renovarle la prórroga para seguir en el cargo

El gobierno de Goretti Sanmartín ha decidido prescindir del interventor municipal, Juan Ramón González Carnero, quien ocupa la plaza desde el 2012. La alcaldesa no ha optado por la vía del cese, como había hecho Conde Roa con su antecesora cuando Carnero se incorporó a Raxoi, pero le ha abierto la puerta al no concederle la prórroga que el funcionario había solicitado para mantenerse en su puesto una vez que ha cumplido ya los 65 años, prórroga que sí le había concedido Sánchez Bugallo (PSOE) poco antes de ceder la alcaldía a Goretti Sanmartín (BNG).

Vencido el año por el que se puede prorrogar ese permiso excepcional para continuar en el cargo, González Carnero intentó de nuevo la renovación, solicitada a mediados de mayo, pero no ha obtenido el beneplácito del actual gobierno, con lo que dejará el puesto el próximo día 14.

La Xunta de Goberno rechazaba su petición en agosto, tres meses después, en base a un informe en el que, sin menoscabo de la valoración del trabajo desempeñado por el interventor, el gobierno manifiesta explícitamente su apuesta por un perfil profesional más moderno en la función de control, más proactivo en el uso de la tecnología y más proclive a los cambios organizativos en que está inmerso el Ayuntamiento, así como más activo, dice ese informe, en el desarrollo de instrucciones técnicas para el trabajo de los centros gestores municipales.

González Carnero ha llamado la atención en más de una ocasión en sus informes sobre la situación de la hacienda municipal y procedimientos administrativos como el que sustentó la contratación de autobuses de alquiler, sin licitación, para sustituir a los que ya no podían seguir en servicio al no sacarse la nueva concesión. Esa fue una vía que abrió el gobierno de Sánchez Bugallo y a la que dio continuidad el de Sanmartín después de haber cuestionado la iniciativa inicial del socialista. El interventor acabaría apuntando a finales del 2023 (cuando el pleno tuvo que validar una factura de esos alquileres) que esa contratación resultaba nula, al no haberse sometido a la fiscalización previa de su departamento, y apuntaba a la falta de la convocatoria pública.

Aunque el informe se refería entonces a la contratación del 2022, por extensión el cuestionamiento alcanzaba también al bipartito que preside Goretti Sanmartín, quien tuvo que ver igualmente, junto con su concejal de Facenda, Manuel César (BNG), como el interventor advertía también de una incorrecta planificación presupuestaria y defectos de forma en el proyecto de presupuestos que la regidora había pactado con el PSOE. Y más recientemente, con ocasión de una nueva tramitación plenaria del pago de facturas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, el interventor advertía en otro informe que esa fórmula se había convertido en una práctica habitual en el Ayuntamiento, cuando debe ser una fórmula extraordinaria. Y es una de las causas, apuntaba, por las que el Ayuntamiento «incumpre de forma sistemática e con carácter estrutural a normativa de morosidade». Y decía observar una «tendencia crecente» en los dos últimos años de ese incumplimiento.

El estatuto del funcionario público fija la jubilación forzosa a los 65 años de edad, aunque también admite que se puede pedir la permanencia en el servicio activo con prórrogas anuales hasta los 70. Ya es cuestión de la Administración aceptarlo o no. El término de la prórroga anterior le ha permitido a Sanmartín prescindir de un habilitado nacional con el que su equipo no parecía tener buena sintonía, expresamente su concejal de Facenda que, según cuentan en Raxoi, habría llegado a decir a la alcaldesa que o el interventor o él. La plaza se cubrirá ahora en comisión de servicios. El Concello ha iniciado el procedimiento, aunque no ha hecho pública aún la convocatoria.

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