El Ayuntamiento de Santiago acusa a la Xunta de «varrer e anular» el planeamiento urbanístico con sus medidas excepcionales

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

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Iago Lestegás, en imagen de archivo en un pleno, de pie hablando con su antecesora en el cargo, la socialista Mercedes Rosón
Iago Lestegás, en imagen de archivo en un pleno, de pie hablando con su antecesora en el cargo, la socialista Mercedes Rosón PACO RODRÍGUEZ

Defiende que la conversión de bajos comerciales en viviendas no es la solución en una comunidad en la que hay medio millón de viviendas vacías

23 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno de Santiago aprecia un intervencionismo notable de la Xunta en el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos con las medidas extraordinarias que dispone la ley de acompañamiento del proyecto de Presupostos de Galicia para incrementar la oferta residencial y la vivienda protegida Según el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), la iniciativa autonómica deja reducida «á mínima expresión» la participación de los concellos al «varrer» el planeamiento urbanístico.

«Pasa por riba del», afirmó ayer el edil tras advertir que esas medidas extraordinarias no solo permiten que los proyectos con esa finalidad se implanten en cualquier suelo —«tamén no rústico»— sino que eliminan la sujeción a licencia municipal de las viviendas de promoción pública (VPP), con lo que ya no estarán sometidas a «ningún dos actos de control preventivo» por parte del Ayuntamiento. Ahora mismo sí se exige licencia, «pero tamén aquí a intervención municipal vai ser anecdótica», expuso ayer el responsable de Urbanismo, quien sostiene que «coa escusa de axilizar trámites, de facilitar e desburocratizar», la Xunta «cada vez crea máis instrumentos xustamente co obxectivo de pasar por riba, de varrer, anular e eliminar a efectividade do planeamento urbanístico», cuando este tiene por razón la ordenación de usos de los suelos.

Y eso «é preocupante», defiende Lestegás, quien cuestiona además que solo se les conceda un mes para emitir informe sobre los proyectos de delimitación de fases de urbanización y los de urbanización y construcción, cuando la Xunta dispone de tres meses para resolver los que le requieren los concellos. Ese plazo es insuficiente, sentencia el edil, cuando además la Xunta dará por hecho que el informe es favorable una vez que venza ese período. Y ante informes municipales negativos de proyectos de construcción, el Instituto Galego de Vivenda e Solo tendrá la potestad para su aprobación definitiva tras informar al Concello de la introducción de las rectificaciones oportunas, expone el edil.

Los nacionalistas lamentan que la Xunta «priorice» la obra nueva sobre la rehabilitación de la vivienda ya construida cuando en Galicia hay medio millón de ellas vacías. Defienden que la rehabilitación «é a solución óptima á crise de vivenda e a única compatible co obxectivo da UE de consumo cero de solo para o 2050».

En cuanto a la reconversión de bajos comerciales en viviendas, se «varre o planeamento urbanístico» igualmente. En ese caso, explica, la Xunta pone como únicas condiciones que el local esté en un edificio de tipología residencial colectiva y que se sitúe en suelo urbano o de núcleo rural. El pleno podrá acordar su no aplicación en todo o en parte del término municipal, aunque deberá fundamentarse en razones derivadas de la necesidad de proteger el tejido comercial de un determinado ámbito.

El BNG defiende que el problema de la vivienda no debe afrontarse renunciando al uso terciario de esos inmuebles. «Hai que preguntarse se é necesario iso cando hai tanta vivenda baleira (6.198 en Santiago)», apuntó el concejal al tiempo que identificó el modelo de distribución de usos urbanísticos de la Xunta como el del «desorde»: «As vivendas utilizadas como hoteis —dijo en referencia a las VUT—, os locais comercias como vivendas e os polígonos industriais como zonas comerciais».