El archivo de la última pieza separada en la ciudad pone fin a un caso que tumbó a un gobierno local y destrozó la vida de muchos investigados
10 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Con el reciente archivo de la pieza separada de la operación Pokémon que investigó por cohecho el contrato municipal de la grúa y de la ORA (PA 1053/2022), puede decirse que Santiago ha dado carpetazo a la operación Pokémon. Han sido doce años de instrucción que no han servido para nada. La jueza que abrió la causa, Pilar de Lara Cifuentes, no solo no ha conseguido ninguna condena entre los políticos, empresarios y funcionarios a los que investigó, sino que ni uno solo de ellos ha sido sometido a juicio. Todos han visto como sus procedimientos han acabado archivados. Eso sí, tras doce interminables años y con muchas vidas destrozadas. Tampoco la magistrada salió airosa, porque su pésima gestión del caso le valió no solo muchas críticas, sino también una sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le costó su puesto en Lugo y siete meses y un día de empleo y sueldo. Ahora está al frente de un juzgado de Ponferrada (León).
En estos momentos, ya solo queda en Santiago una pieza separada de la Pokémon. Es la PA 952/22 y la tramita el Juzgado de Instrucción número 2, pero en ella ya no figuran ninguno de los principales encausados en la ciudad. Sí estaban algunos de ellos en la última archivada, en la que volvieron a quedar libres de toda sospecha Ángel Espadas, ex jefe de gabinete del alcalde Gerardo Conde Roa (PP), Bernardino Rama, del PSdeG, José Luis Míguez Rey, trabajador de la empresa adjudicataria del servicio municipal de aguas, el funcionario del Concello Román Otero y los empleados de la empresa Vendex Alberto Quintana, José María Tutor y Gervasio Rolando Rodríguez. Y no es la primera vez, porque todas y cada una de las partes de la investigación que fueron enviadas a Compostela corrieron la misma suerte: sobreseimiento y archivo con autos en los que destacadas y experimentadas magistradas como Ana López-Suevos o Margarita Guillén criticaron con dureza el trabajo de Pilar de Lara pese a ser una compañera.
Menos punzante ha sido la jueza que ha archivado la última pieza compostelana, María Jesús Mosteiro, que se ha limitado a señalar en su auto que «no parece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa» y que ya «no puede practicarse ninguna diligencia de instrucción dirigida a comprobar los hechos objeto de las actuaciones».
Un aséptico epílogo a muchos años de sufrimiento. Y es que la Pokémon dinamitó el gobierno local del Partido Popular que había ganado las elecciones en el 2011. Sus dos alcaldes fueron investigados, Gerardo Conde Roa y Ángel Espadas, así como muchos concejales. Algunos lo pasaron peor que otros, porque muchos solo tuvieron que declarar una vez ante De Lara y nunca jamás hubo una diligencia en su contra —aunque permanecieron una década imputados—, pero otros se vieron detenidos y engrilletados, como Albino Vázquez Aldrey, que era edil de Seguridade y que, aunque quedó en libertad tras declarar, tuvo que pagar una fianza para eludir la prisión y estuvo años firmando cada quince días en los juzgados y sin pasaporte. Como el resto, quedó exonerado de toda sospecha y responsabilidad, pero su carrera política quedó truncada y la profesional afectada.
Los mayores damnificados de Pilar de Lara fueron Ángel Espadas y José Luis Míguez. Ambos fueron detenidos y hasta se decretó prisión preventiva contra ellos, una medida extraordinaria que solo se justifica si hay riesgo de fuga, posibilidad de reiteración delictiva o de interferir en las pesquisas. El primero pasó 45 días en la cárcel y 38 el segundo, pero ninguna de las investigaciones abiertas en Santiago contra ellos terminaron en nada. Todas han sido archivadas.
Entre los que tuvieron que pasar por el mal trago de verse esposados también estuvieron Alberto Quintana, que perdió su trabajo en Vendex, y Adolfo Gacio, que era alcalde del PP en Boqueixón cuando estalló la operación Pokémon y tuvo que dimitir. Como el resto, su caso quedó archivado, pero pasó dos noches y un día en el calabozo, tuvo que pagar una fianza de 10.000 euros y estuvo siete años sin pasaporte, así como cuatro firmando en el juzgado cada quince días. Cuando por fin quedó exonerado, dirigió duras críticas a la jueza De Lara, de la que dijo: «Non é mala, senón malísima. Non sei como algunha xente pode chegar a estar onde está, sobre todo porque estás a xogar con persoas e familias enteiras».
El Concello pagará miles de euros por la defensa legal de los cargos públicos
Más allá de las consecuencias personales que la operación Pokémon ha tenido para todos los investigados en Santiago contra los que nunca se logró presentar ni una sola prueba que permitiese llevarlos a juicio y mucho menos condenarlos, la fallida instrucción de la jueza Pilar de Lara también tendrá una importante repercusión en los ayuntamientos afectados, que tendrán que hacer frente al coste de la defensa legal de sus cargos públicos. Santiago es un buen ejemplo y la factura será de miles de euros, ya que ninguno de los concejales o funcionarios afectados por el caso resultaron ser culpables. Por ello, Raxoi tiene la obligación de pagar a sus abogados, como ya ha empezado a hacer.