Juzgan a la directiva de la residencia Santa Olalla por atar a dos usuarias
BOQUEIXÓN
La Fiscalía pide tres años de cárcel para tres directoras y la médica del centro
19 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La actual directora de la residencia de mayores Santa Olalla de Boqueixón, Patricia Miguélez, y otras dos mujeres que ocuparon anteriormente ese cargo, Erika Ramos y María del Pilar Carballo, se exponen, junto a la médica del centro, María Ascensión Yeguas, a tres años de cárcel por dos presuntos delitos de trato degradante por haber inmovilizado en sus camas a dos usuarias de las instalaciones, que gestiona la Fundación San Rosendo. La Fiscalía, además, solicita que ambas señoras sean indemnizadas con 3.000 euros cada una, aunque ya han fallecido.
Los hechos se remontan al 12 de febrero del 2016, cuando un juez y un forense del Imelga de Santiago acudieron a la residencia para ratificar el internamiento no voluntario de una mujer que padecía demencia. Allí comprobaron que estaba atada con un cinturón abdominal por orden de la médico del centro, que indicaba esta medida en una nota que especificaba «si existía agitación». Magistrado y forense comprobaron que la señora estaba en ese momento tranquila, encamada y sola y cuando intentaron hablar con ella les pidió agua, ante lo que ambos requirieron a la dirección de la residencia que la dieran de beber y le retiraran la sujeción. Pese a ello, la doctora Yeguas y la que era directora en aquel momento, María del Pilar Carballo, mantuvieron las ataduras. Algo que la Fiscalía también reprocha a Erika Ramos, que hizo lo propio cuando accedió al cargo.
El 25 de mayo del 2016, una inspección extraordinaria realizada por la Fiscalía compostelana en la que, además de dos fiscales, iba también un forense detectó que otra mujer estaba atada pese a estar adormilada por la medicación «no agitada y sola en una habitación». El médico del Imelga detectó que no había documentación que acreditara la necesidad de esta medida, por lo que se ordenó la retirada del cinturón abdominal, pero no fue hasta el 4 de julio de ese mismo año cuando se la desató.
En el juicio han declarado como testigos, además de varias enfermeras del centro, el forense que hizo las visitas y uno de los fiscales, Jorge Fernández de Aránguiz, una escena poco habitual en los juzgados.