Vecinos de García Prieto, en Santiago, denuncian a un bar por ruidos y por colocar la terraza en la salida del garaje
SANTIAGO CIUDAD
El Concello ya ha sancionado al local, pero los afectados se quejan de que todo sigue igual: «Ya no podemos más»
26 may 2022 . Actualizado a las 01:44 h.La pasada Navidad no trajo nada bueno a los vecinos de la comunidad de propietarios 47-51 de la calle García Prieto de Santiago, en el barrio de Conxo. Tras la paz que vivieron durante la pandemia, el bar con el que llevan años lidiando reabrió sus puertas con nuevos dueños y bajo el nombre de Priss y desde ese momento sus vidas han dejado de ser tranquilas. Ruidos, humos y una terraza que no cumple las normas y que además obstruye la salida de emergencia del garaje son su pesadilla cotidiana porque el local, aunque es un café-bar «lo normal es que funcione como bar de copas y a veces hasta de restaurante, porque cocinan pese a que la salida de humos no es legal», señala una afectada.
Además de no saber qué tipo de local es, tampoco está claro el horario con el que funciona. «Depende de cuándo lo quieran abrir, a veces cierra a la una de la mañana, a las dos, o a las tres, nunca se sabe», añade esta vecina, a la que lo que más le sorprende es que son los propios dueños del establecimiento los que protagonizan los mayores altercados. «Si les llamas la atención por estar gritando o armando jaleo en la calle se te encaran y este pasado fin de semana hasta lanzaron huevos a un vecino», añade.
Las denuncias que han presentado en el Concello ya han tenido su efecto, porque el pasado 31 de marzo el departamento de Obras y Proyectos finalizó el expediente abierto al bar Priss con una multa de mil euros porque la terraza no cumplía con la normativa municipal. Además de que bloquea la salida de emergencia del garaje del edificio, los toldos son negros cuando por licencia tendrían que ser de tonos claros, la estructura es diferente a la autorizada, el modelo del mobiliario tampoco es el adecuado y hay una parte de la terraza que ocupa una zona que en los planos de ordenación está catalogada como de equipamiento comunitario deportivo.
Al margen de la sanción económica, que puede rebajarse hasta los 600 euros si los dueños del bar renuncian a recurrir el expediente y abonan el importe antes de que recaiga la resolución, el Ayuntamiento también ordena a los responsables del local que devuelvan a la legalidad todos los elementos de la terraza que ahora mismo incumplen con la normativa. En caso de no subsanar todas las deficiencias, los gestores del establecimiento no podrán acogerse a las reducciones y la multa será de los mil euros estipulados.
Pese a que el bar Priss ha sido multado por el Concello, los vecinos dicen sentirse impotentes y desamparados ante los problemas que este local lleva causándoles desde hace meses. «Ya no podemos más, vemos que todo sigue igual, nada cambia y no entendemos cómo pueden seguir abiertos», se lamentan.
Los excesos de ruido que se producen muchas noches, especialmente las de los domingos, hace que los vecinos llamen de forma insistente a la Policía Local, que siempre que acude levanta acta y cuyos informes han sido determinantes en el expediente sancionador que ya se ha aprobado contra el bar. «Lo que pasa es que da igual que llames una y otra vez, que tienes la sensación de que al final no vale de nada. Todavía estamos esperando a que vengan a hacer una medición con sonómetro para corroborar las quejas que hemos presentado, pero de momento nada», asegura un vecino.
Otras zonas conflictivas: De Alfredo Brañas y Curros Enríquez a San Lourenzo
El de los excesos de ruidos es un problema que comparten varias zonas de Santiago. Además de las denuncias de los vecinos de García Prieto, en Conxo, los que más sufren por este motivo son los de Alfredo Brañas, en el Ensanche, que tienen que lidiar con los cientos de personas que las noches de los fines de semana y los jueves abarrotan la calle y causan numerosos destrozos. Otros puntos calientes son Curros Enríquez y San Lourenzo. En esta última, los afectados llegaron incluso a formular una denuncia ante la Fiscalía, que la ha archivado por carecer de los datos suficientes para determinar si podía haber una infracción penal. Eso sí, el ministerio público cargó contra el Concello acusándolo de «inacción».