El Ayuntamiento de Santiago busca apoyo en el Ministerio de Consumo para que las VUT sin licencia no puedan publicitarse en plataformas
SANTIAGO CIUDAD

El ministro Pablo Bustinduy, hoy en Santiago, facilita al Concello un listado de 406 que se promocionan ahora mismo por esos medios, con la dirección de la mitad de ellas para facilitar la apertura de procedimientos administrativos
26 abr 2025 . Actualizado a las 13:27 h.El gobierno local de Santiago aprovechará todas las posibilidades que le pueda brindar el Ministerio de Consumo para evitar la publicitación de viviendas de uso turístico (VUT) sin licencia municipal en plataformas digitales. Precisamente, abrir vías de colaboración para que esos alojamientos se retiren de dichas plataformas es el tema que ha centrado en buena medida el encuentro que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha mantenido con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, esta mañana en el Ayuntamiento. Bustinduy no solo mostró su disposición a facilitarle información precisa sobre las VUT que operan sin el título habilitante municipal disponible en su departamento, sino el respaldo jurídico de su departamento en actuaciones que busquen poner fin a la comercialización y la publicidad de los alojamientos sin el título habilitante en plataformas de alquiler turístico.
Y como muestra de esa colaboración, el ministro entregó ya esta mañana a la regidora un archivo digital con la relación de las 406 viviendas de uso turístico que se anuncian en Santiago, todas en una misma plataforma en línea. Bustinduy llamó la atención sobre ese dato cuando en Compostela solo 66 VUT cuentan con el título habilitante (licencia) municipal, que Raxoi exige para poder operar, además de estar inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta. En el listado autonómico hay 695 VUT en Santiago, aunque ello no quiere decir que todas estén en funcionamiento actualmente.
Al ministerio le consta que esas 406 sí están activas y, entre los datos que ha aportado al Ayuntamiento esta mañana, están las direcciones de 221 de esos alojamientos turísticos que se anuncian en internet. Esa información facilitará, dijo Bustinduy, la apertura de procedimientos por parte de la Administración local para retirar esos anuncios, solicitar el cese de su actividad o incluso abrir posibles expedientes sancionadores.

Al igual que ha hecho con otras Administraciones públicas, el ministro mostró su disposición a ofrecer a Santiago «toda la colaboración, toda la disposición y todas las herramientas del ministerio para poder intervenir específicamente en materia de pisos turísticos y de su proliferación descontrolada, dijo, en muchas ocasiones ilegales, que están lesionando el derecho a la vivienda de la ciudadanía.
Previamente, la alcaldesa había avanzado que la reunión entraría en cuestiones relacionadas con políticas sociales en las que el gobierno local lleva tiempo trabajando, expresamente en la que su gobierno considera una «prioridade máxima», el derecho a la vivienda. Sanmartín y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, se encargaron de explicar al ministro las líneas fundamentales de la acción municipal en ese sentido, «liñas que teñen que ver con poder mobilizar a vivenda dispoñible, poder garantir que o uso das vivendas existentes sexa residencial e poder dotarnos ao mesmo tempo de vivendas protexidas» y no exclusivamente en la periferia, «senón no mesmo centro», dijo en alusión a la operación Peleteiro.
Pero si algo le interesa de la colaboración ahora mismo con el ministerio es el tema de la comercialización de los alojamientos turísticos, de los que no tienen títulos habilitantes. Según Sanmartín, Santiago «leva tempo demostrando que é vangarda e quere seguir sendo vangarda».
Zonas tensionadas
Consumo también remitirá en los próximos días a la Xunta otro archivo digital con los datos recopilados de la publicitación de VUT en toda Galicia. En ese caso, el ministro avanzó que la Unidad de Análisis de Consumo del ministerio ha identificado 14.960 anuncios de ese modelo de alojamiento turístico en la comunidad autónoma, de los que 9.125 serían ilegales, dice el ministerio, ya que no muestran el número de licencia. Con esos datos sobre la mesa, Bustinduy instó a la Xunta a colaborar con Consumo y con los ayuntamientos gallegos en la lucha contra «esta publicidad ilícita».
El ministro también ha solicitado al Gobierno gallego, en declaraciones previas a esa reunión en la plaza del Obradoiro, que «no ponga trabas burocráticas a los consistorios para declarar zonas tensionadas» pues esa herramienta, dijo, permitirá a los ayuntamientos poner topes a los alquileres abusivos, en aplicación de la Ley de Vivienda. Expuso que así se está viendo ya en Cataluña.