A cambio, ofrecían dinero a campesinos, indígenas y pobres El ex presidente y tres ministros pueden ser acusados de genocidio, si se consiguen pruebas
24 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Cerca de 283.500 peruanos fueron esterilizados sin saberlo o con engaños durante el segundo Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), según informó a última hora del lunes el ministro de Salud, Fernando Carbone, durante la presentación del informe final de la comisión sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) ante el Congreso de la República. Según los datos que ofreció el ministro Carbone, el Gobierno de Fujimori seguía una macabra política de control de la natalidad en las regiones más pobres, en zonas campesinas y habitadas por indígenas, ocultando a los pacientes que la operación era irreversible, ofreciendoles comida y dinero para que dieran su consentimiento e incluso con amenazas de multas para quienes tuvieran más hijos. En otras ocasiones, por designios expresos de los mandatarios, los médicos aprovechaban otras intervenciones quirúrgicas para realizar las esterilizaciones de forma clandestina. Si se probasen que estas acusaciones son ciertas, tanto Fujimori como los ministros de Salud de la época, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y Eduardo John Motta, podrían ser acusados de un delito de genocidio, ya que, según sostiene Cardone, todos ellos orquestaban las campañas. Ya se ha solicitado una investigación más profunda. Daños a la dignidad Según el texto de la denuncia, durante el Gobierno de Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre de 2000, «se produjeron numerosas intervenciones que atentaron contra la maternidad de las mujeres pobres de Perú, que incluyó daños a la dignidad e integridad física, psicológica y moral, tanto de mujeres como de varones de diversas regiones como parte de una inadecuada política de Planificación Familiar». Para el informe se hizo un trabajo de campo en cinco departamentos, en los que se recogió el testimonio de 507 personas, de las que un 10% aceptó haber sido sometida de forma voluntaria a la esterilización bajo promesas de bienestar económico y familiar.