Las oficinas públicas deberán estar adaptadas por decreto para el acceso de los minusválidos
SOCIEDAD
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que elimina cualquier discriminación y garantiza la accesibilidad de las personas discapacitadas a las oficinas de la Administración General del Estado. Las medidas establecidas en el texto legal abarcan aspectos tan diversos como la accesibilidad de las oficinas de atención al ciudadano, que deberán estar ubicadas en planta baja o, en su defecto, disponer de ascensores adecuados o rampas; hasta medidas de accesibilidad también en los impresos y documentos, medios telemáticos o cualquier otra vía de comunicación con la Administración central. En lo que respecta al acceso a las oficinas de atención al ciudadano, su emplazamiento deberá garantizar el fácil acceso a las personas con discapacidad. Además, tendrá que estar correctamente señalizada desde el exterior, para que sea fácilmente identificable. En caso de disponer de plazas de aparcamiento, se reservará un número suficiente de ellas destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, mientras que los sistemas de control de acceso a las oficinas no deberán suponer un obstáculo para personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas, ni interferir con dispositivos como marcapasos o prótesis auditivas. Información sonora Por lo que respecta a la información, esta deberá estar disponible, al menos, en dos de las tres modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil, para que los discapacitados visuales o auditivos pueden acceder a ella sin problemas. El real decreto también regula la configuración de los puestos de atención al ciudadano, de modo que los mostradores tengan la altura adecuada para recibir a todo tipo de usuarios.