La Audiencia Provincial de Toledo ha desestimado el recurso de apelación que la hermana de la Princesa de Asturias, Telma Ortiz, y su pareja, Enrique Martín-Llop, presentaron contra el auto de un juzgado de Toledo que en mayo les denegó las medidas cautelares que solicitaban contra medio centenar de medios de comunicación. Es el segundo revés judicial que reciben la hermana de la princesa Letizia y su compañero sentimental en su intención de impedir a los medios que capten y distribuyan sus imágenes.
El auto de la Sección Primera de la Audiencia de Toledo, presidida por Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, considera que «no se puede negar que el hecho de que la señora Ortiz Rocasolano sea la hermana de Su Alteza Real la Princesa de Asturias da a sus actividades un contenido de interés social». La Audiencia toledana estima que «el hecho de que sea invitada a actos oficiales y protocolarios denota ya una proyección pública», que la captación de sus imágenes en esos actos es lícita y que «es justamente el hecho de ese parentesco con la familia real lo que hace que sea invitada a tales actos».
Además, la resolución judicial indica que Telma Ortiz «sí tiene, con independencia de su asistencia a actos protocolarios y oficiales, una cierta proyección pública, puesto que es colaboradora de organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, hace presentaciones de libros e incluso ha respondido a preguntas sobre su vida privada». De esta forma, según la Audiencia de Toledo, «se ha colocado en una situación de mayor relieve social». Por otro lado, el auto considera que no es posible una limitación general y permanente del derecho a la información en este asunto e invita a los demandantes a denunciar en el futuro posibles ataques a su derecho a la propia imagen, honor e intimidad que pudieran darse para que se juzgue caso por caso.
La resolución destaca, asimismo, que los documentos gráficos aportados por Fernando Garrido, el abogado de Telma Ortiz y su pareja, pertenecen a ejemplares de revistas de años de antigüedad, por lo que «la negativa actual a la captación de su imagen supone ir en contra de lo por ella consentido, lo que conduce a que el motivo del recurso no pueda ser estimado».
«Muestra de temeridad»
En cuanto a las costas procesales -unos 50.000 euros-, la Audiencia Provincial de Toledo obliga a Ortiz y a su compañero a hacerse cargo de ellas y a resarcir a Ediciones F?&?B, ya que esta empresa ha sido una de las demandadas a pesar de que solo se dedica a publicar catálogos de lencería y ropa interior femenina «que, por esencia, dista de ser una publicación que haga de la información acerca de personajes públicos alguno de los contenidos de sus catálogos». El juez añade en este punto que el haber mantenido la demanda contra esta sociedad es «una patente muestra de temeridad».
A raíz de la sentencia, el despacho de abogados de Fernando Garrido emitió un comunicado en el que lamenta la decisión judicial, por haber fallado «a favor de los multimillonarios medios de comunicación y frente a los derechos de dos modestos cooperantes».