La Conferencia Episcopal rechaza, por inmoral, el anteproyecto de reforma de la ley: «Ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto».
18 jun 2009 . Actualizado a las 17:28 h.Los obispos españoles arremetieron hoy duramente contra la futura reforma de la ley del aborto impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y llamaron a los diputados católicos a votar en contra en el Parlamento.
«El anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto», insta la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un documento dado hoy a conocer bajo el título «Atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en derecho».
El portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, rechazó además que desde el gobierno y el Estado se «imponga una determinada educación moral a todos los ciudadanos», sobre todo cuando es «una moral basada en el abortismo y la ideología de género».
De esta forma, la Iglesia católica española da un paso más en sus movilizaciones contra el aborto, que comenzaron ya desde hace meses cuando el Ejecutivo anunció que se iba a trabajar en una reforma de la ley actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
El gobierno socialista, dicen los obispos, utiliza la salud «como excusa para eliminar a los que van a nacer». Además, lo acusan de «negar o devaluar al ser humano para intentar justificar su eliminación».
La normativa vigente desde 1985 y que rige actualmente en España despenaliza el aborto sólo en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no hay plazos siempre que haya aval de un dictamen médico; violación, en las primeras 12 semanas gestación; y malformación del feto durante las primeras 22 semanas de gestación.
La futura ley que impulsa el Ejecutivo socialista trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas, según el gobierno. En un país que en 2007 registró 112.000 abortos, la mayor parte realizados en clínicas privadas, el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre se había convertido en un «coladero», según el gobierno.
La reforma, aprobada ya por el gobierno y que inicia ahora su trámite parlamentario, pretende despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y establecer una ley de plazos por la que la mujer pueda abortar libremente, sin tener que alegar motivos, hasta la semana 14 de embarazo. Además de la Iglesia Católica, los sectores conservadores, entre ellos el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, se oponen a ello.
Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley es el hecho de que las jóvenes puedan decidir abortar sin el consentimiento de sus padres desde los 16 años.
«Decidir abortar es quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad», indica el documento de la CEE.
Decenas de miles de personas se manifestaron el pasado mes de marzo en Madrid en contra del aborto, en una marcha convocada por organizaciones antiabortistas y apoyada por la CEE. La manifestación coincidió con el lanzamiento de una controvertida campaña de la Iglesia católica contra la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque el gobierno de Zapatero se encuentra actualmente aislado en el ámbito parlamentario debido a la situación de crisis económica que azota el país, se prevé que esta ley reúna los apoyos necesarios. De hecho, esta semana se rechazó en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría un intento de frenar la tramitación de la ley impulsado por la minoritaria Unión del Pueblo Navarro (UPN) y apoyado por el PP de Rajoy.