La Ley Reguladora del Juego fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego. La obtención del título habilitante, como se denomina a la licencia, se vinculará al obligado respeto por parte de las compañías de una serie de condiciones. Estas deberán estar orientadas, por una parte, a garantizar la protección de los usuarios y, por otra, a vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado, que en España llegan a 40.000.
El único caso en el que no se aplicará este esquema es el de la lotería. El texto establece la reserva en exclusiva de esta actividad de ámbito nacional a los operadores que lo vienen explotando hasta la fecha: la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE.
Esta exclusividad ha vuelto a ser criticada por los casinos y bingos, que rechazan que el LAE se haya reservado el negocio de la lotería, que no podrá organizar ningún operador privado. También se muestran contrarios a la indefinición del texto redactado por el Gobierno sobre lo que puede ser considerado lotería y lo que no.
Eliminar las bases de datos
Además, el sector del juego presencial critica que en el proyecto de ley no se contemplen medidas para eliminar las ventajas que han logrado las casas de apuestas en red estos años. Y entre otras cosas, solicitan que se obligue a estas compañías a eliminar su base de datos de clientes y partir de cero.
El proyecto, a efectos de lograr la necesaria coordinación y participación de las comunidades autónomas, crea también el Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, las licencias y los sistemas técnicos de control de los operadores.