Leyes como la del Bienestar Animal; la de Eficiencia Energética y Ahorro de Energía y la Ley de Calidad y Sostenibilidad Urbana, recogidas en el programa socialista del 2008, se han quedado en el aire.
26 sep 2011 . Actualizado a las 21:01 h.La contaminación, la política energética y la gestión de los residuos han centrado parte de la acción ambiental del Gobierno en esta legislatura, que acaba sin un Pacto del Agua y sin resolver la ubicación del almacén de residuos radiactivos.
El anticipo de la fecha electoral no permitirá la aprobación de leyes como la del Bienestar Animal; la de Eficiencia Energética y Ahorro de Energía y la Ley de Calidad y Sostenibilidad Urbana, todas ellas recogidas en el programa electoral socialista del 2008. Tampoco se ha alcanzado un Pacto de Estado del Agua para poner punto y final a la confrontación política y territorial, un acuerdo ofrecido por la actual ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y por Elena Espinosa, su antecesora en el cargo entre el 2008 y 2010. Aunque la fecha límite expiró hace dos años, los planes hidrológicos de cuenca -algunos ya muy avanzados- siguen sin aprobarse y, en consecuencia, sin poder presentarlos a la Unión Europea.
A fecha de hoy, una vez agotada la legislatura, el Parlamento ha aprobado la ley de residuos y suelos contaminados, que implica la total y paulatina desaparición de las bolsas de plástico (en el 2018) y abre el camino para volver a implantar el antiguo sistema de retorno de envases.
La actividad legislativa ha permitido sacar adelante, también, la ley de protección marina; la del almacenamiento geológico de dióxido de carbono y la de responsabilidad por accidentes nucleares, que eleva hasta los 1.200 millones las indemnizaciones por parte de los titulares de las instalaciones.
Este último ámbito, el nuclear, generó debate político por el futuro cierre de la central de Garoña, los efectos del accidente de Fukushima (el más grave junto a Chernobil) y la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta radiactividad (ATC), que desean acoger ocho pueblos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Castilla y León. La pugna entre los defensores de las ventajas económicas de esta instalación y los opositores a todo lo nuclear continua pendiente de una decisión del Gobierno, aunque desde un punto de técnico la mayor puntuación haya correspondido a la pequeña localidad valenciana de Zarra.
En segundo lugar, los efectos del desastre de Fukushima ha obligado a replantear la política energética del país y a aplicar la evaluación exhaustiva de las plantas atómicas que operan en España y en el resto de Europa. En palabras del Gobierno, Fukushima -cuyos reactores comparten la misma tecnología que Cofrentes (Valencia) y Santa María de Garoña (Burgos)-, ha supuesto «un antes y un después» en el uso de la energía nuclear, y ha insistido en su promesa electoral de reducir la aportación nuclear al suministro eléctrico hasta su desaparición. En paralelo, una resolución de Industria decidió el cierre de Garoña en el 2013, a lo que se ha opuesto con contundencia el PP.
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, intentó sacar adelante un plan nacional para mejorar la calidad del aire de las grandes urbes, tras haberse detectado episodios agudos de contaminación en distintas capitales. Las reuniones con las comunidades autónomas y los ayuntamientos -competentes en la materia- para acordar las medidas del plan no llegaron a aprobarse, un proceso que en parte resultó ralentizado por la convocatoria de los comicios autonómicas y municipales. El borrador del Plan que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente, cuyas riendas tomó Aguilar a finales del 2010, propone crear peajes urbanos y zonas de «atmósfera protegida» en la ciudad, así como etiquetar los vehículos para limitar el acceso de los «más sucios».
Entre las polémicas generadas por decisiones de la que fuera exconsejera andaluza de Obras Públicas figura la modificación de la Ley de Costas, al afectar tanto a los populares «chiringuitos» como al deslinde de 35 kilómetros de playa del Parque Nacional de Doñana. Acabada la legislatura, el «símbolo» de la mala gestión del litoral español, el hotel de El Algarrobico en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), continúa en pie y su demolición pendiente de lo que determinen los tribunales. Para octubre próximo, se conocerá previsiblemente la decisión del Tribunal Supremo sobre uno de los numerosos litigios judiciales pendientes que arrastra El Algarrobico desde hace dos décadas, y que podría desbrozar el camino para su derribo.
Por último, el anticipo electoral complicará seguramente la representación de España en la cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en Durban (Sudáfrica), que se celebra del 28 de noviembre al 9 de diciembre, debido al relevo de los altos cargos que se producirán.