Desde Menores son muy claros en recordar que pobreza no es equiparable a desamparo para los niños. De hecho, para que la precariedad económica desemboque en una situación de desprotección debe ir acompañada de otros factores negativos acumulados, como enfermedades o situaciones de drogadicción de los progenitores, falta de apoyo familiar, la negativa a colaborar con los recursos de apoyo, o la falta de habilidades para criar y educar a los niños.
De ahí que la crisis no haya aumentado el número de menores tutelados por la Xunta, y tampoco la de los niños que están en situación de guarda. En estos casos la familia conserva la patria potestad, pero durante un tiempo piden o permiten que sea la Administración la que asuma la responsabilidad de sus hijos, bien en una familia alternativa o en un centro residencial, hasta que vuelvan a estar capacitados para hacerse cargo.
Lo mismo ocurre con el número de menores que aunque siguen viviendo en el hogar son usuarios de algún programa de apoyo, como la intervención con los progenitores, la atención en un centro de día o la atención psicológica, que también han bajado. Cuando se da un caso de tutela comienza un proceso de trabajo con las familias y se les da un plazo a los padres. Si a los dos años no cumplen el programa fijado carecen de legitimidad para oponerse a las decisiones de la Administración hacia sus hijos