El PSOE cree que esta normativa afectará a cientos de miles de españoles y por eso está dispuesto a seguir de cerca la evolución de la medida. El partido anunció ayer la creación de un grupo de trabajo que hará un seguimiento de las diferentes situaciones que pueden darse tras 90 días en el extranjero.
A la moción presentada esta semana en el Congreso, y a las que se empiezan a debatir en los parlamentos autonómicos, el PSOE suma su intención de elevar la cuestión a las instituciones europeas. Para los líderes socialistas, un ciudadano español no debe perder derechos sociales por ejercer la libertad de circulación, porque eso implica además ir contra los principios básicos que rigen en la UE.
«Rebelión» vasca
Y mientras las comunidades gobernadas por populares no hacen mención al asunto, el consejero vasco de Salud, Jon Darpón, afirmó que Euskadi atenderá a los ciudadanos que salgan al extranjero y regresen a esta comunidad «tres o treinta y tres meses después». Darpón criticó que el Ejecutivo de Rajoy haya adoptado esta medida -en vigor desde el pasado 1 de enero- «sin consultar ni comunicarla a las autonomías», lo que es una «descortesía» institucional. Además, consideró que «no se podrá aplicar», ya que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) «no es capaz de saber quien está dentro o fuera del país».