Se ha sugerido que el copago farmacéutico podría contribuir a paliar el riesgo moral derivado de la gratuidad, moderando así el sobreconsumo que no aporta beneficio alguno -o incluso provoca perjuicio- en términos de salud. Es decir, podría tratarse de una medida de justicia distributiva. Por otra parte, dicho «ticket moderador» inculca a la sociedad a tomar conciencia del coste y aporta valor a los servicios sanitarios. Los detractores, por el contrario, consideran que su aplicación genera desigualdad, hecho que puede ocasionar pérdida de salud en la población con menos recursos económicos. Por ello, se ha convertido en un término maldito, tabú, cuya simple mención conlleva una importante carga ideológica. Sin embargo, hay que decir que las experiencias en este sentido, son escasas y contradictorias. No hay evidencias científicas claras de su presunta bondad o maldad. Por ello, está justificada y no debería excluirse de la mesa del debate y la deliberación en nuestra sociedad, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de propuestas.
Por otra parte, no se puede hablar genéricamente de copago ya que existen muchas fórmulas con, probablemente, distintos niveles de eficacia y aceptación. Después de todo, copago no quiere decir otra cosa que participación en el pago y está claro que los servicios públicos los pagamos todos. La que sí parece obsoleta es la clásica división en usuarios activos que contribuyen con un 40-60% del coste del medicamento frente a los pensionistas que no «copagan» o bien aportan un porcentaje muchísimo menor. Es fácil comprender que el hecho de estar en una u otra de las categorías no tiene relación con el poder adquisitivo ni con los problemas de salud que sufre una persona en concreto. Por eso, no parece ser una fórmula que contribuya a una justa distribución de las cargas. Obtener conclusiones fiables no es fácil. Hace pocos meses el Sergas publicó que no había diferencias significativas en la adquisición de los medicamentos prescritos en pensionistas exentos de copago frente a aquellos que aportan el 10% del coste. Además, también informó de que la adherencia es desigual y así, por ejemplo, es mucho más alta en los medicamentos para enfermedades crónicas como la hipertensión frente a la de procesos agudos como es el caso de los analgésicos. Me resultó curioso, ya que el dolor, por razones obvias, hace más probable el cumplimiento terapéutico frente a otros problemas de salud que son asintomáticos durante muchos años.
Además, el hecho de que se recojan los medicamentos en la farmacia no quiere decir que inexorablemente se consuman. Esto lo hemos comprobado claramente los médicos cuando pasamos de la receta papel a la prescripción electrónica. En esa época hubo un incremento desmesurado del gasto farmacéutico.
El aumento de recogida de fármacos, no utilizados, para proceder a su reciclaje confirma este hecho. Es necesario, insisto, no rehuir del debate y buscar fórmulas novedosas. Algunas interesantes son aquellas que implican al paciente en la responsabilidad de sus cuidados, como, por ejemplo, solo financiar los medicamentos para el colesterol cuando se hayan obtenido resultados positivos por el nivel de compromiso (cumplimiento de la dieta, ejercicio físico regular...) del interesado. En este mismo sentido, en algunos países se ha propuesto financiar exclusivamente los fármacos para deshabituación antitabáquica a aquellas personas que al cabo de cierto tiempo continúan sin fumar. También sería necesario reflexionar acerca de qué productos deberían financiarse. Los médicos sabemos que puede haber grandes diferencias en el precio de medicamentos de igual eficacia y seguridad justificándose el mayor coste, únicamente, por características irrelevantes como pueden ser el hecho de disolverse mejor en la boca o de tener un sabor más agradable.
¡Echémosle imaginación!
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