Buscar una fórmula de gestión capaz de sufragar el mantenimiento de estos bienes de interés cultural, la mayor parte en manos particulares, es la materia pendiente
17 nov 2017 . Actualizado a las 17:18 h.Cuando a un norteamericano de clase media le comentan que en Galicia hay torres medievales a punto de derrumbarse y pocos son los que hacen algo para conservarlas, se echa las manos a la cabeza. Lo hace porque en su país el patrimonio histórico es tan escaso que cualquier pequeña huella que dé cuenta de su pasado es perfectamente indicada, protegida y promovida para el turismo. En España, y en concreto en Galicia, ocurre justo lo contrario. El patrimonio histórico es tan extenso que, aunque como apuntan desde la asociación Hispania Nostra, se ha avanzado mucho en los últimos cuarenta años, «todavía queda mucho camino por recorrer».
Los obstáculos que hay que salvar no son pocos. Sobre todo porque la mayoría están en manos de particulares que no tienen recursos para mantenerlos. Una solución, comentan los expertos consultados, es llegar a acuerdos con los dueños para buscar una fórmula de gestión que permita no solo su restauración, sino también su mantenimiento.
En Torés, en el concello lucense de As Nogais, no cabe duda de que fueron los habitantes de la parroquia los que con sus protestas para proteger su característica torre, levantada en el XIV, lograron que la Casa de Medinaceli, propietaria del monumento, la ceda al Concello por 99 años. Además, desde Los Ángeles llegará una donación de una descendiente de más de 40.000 euros para sufragar las obras de consolidación.
Decenas de casos
Pero este no es el único inmueble histórico de defensa de las decenas que hay diseminadas por toda la comunidad que está en peligro. En la lista roja de patrimonio amenazado que publica la asociación Hispania Nostra hay tres: la de Caldaloba, en Cospeito; la de Taboi, en Outeiro de Rei; y la de Fortaleza, en Sarria. Pero la lista de ejemplos es mucho más extensa: torre de Peito-Bordel, en Abegondo; torre do Gorrete, en Mondoñedo; torre de Doncos, en as Nogais; torre da Sobrada, en Outeiro de Rei; torre de Fafián o Tulla de Outeiro, Rodeiro; casa-torre de Dumia, en Cervantes; torre de A Penela, en Cabana; torres de Tallo, en Ponteceso; torre de Torrexallóns, en Laxe; torre de Boado, en Cerceda; torres de Cillobre, en A Laracha; la torre del pazo de Goián, en Boiro...
«Hai centos de torres e castrelos por toda Galicia que están en ruínas. O problema é que a maior parte está en mans privadas», apunta Xabier Moure, historiador del grupo Os Ancares. Todos ellos están declarados bienes de interés cultural (BIC).
La nueva Lei de Patrimonio de Galicia, aprobada el año pasado, dicta que son los dueños de esas torres los que deben encargarse de su mantenimiento y, en el caso extremo de que corran peligro de derrumbe y estos se desentiendan, los concellos deberían poner en alerta a la Administración autonómica para que tome medidas. «A lei non se está aplicando porque habería que obrigar a consolidar eses monumentos. Non digo que se restauren por completo, pero tamén é verdade que o esforzo económico non é asumible para moitos dos propietarios», dice.
La solución al problema no resulta sencilla. Uno de los portavoces de Hispania Nostra, Víctor Antona, explica que en el caso de las torres, lo mismo que ocurre con el patrimonio de la Iglesia, la mayor parte son de particulares que no tienen recursos para mantener tanto patrimonio. «Un camino es que los traspasen o cedan para que sean los gobiernos local, autonómico o central los que inviertan en ellos».
Con todo, a su juicio, no es lo mismo una torre que esté cerca de una casco urbano, que puede abrirse al turismo, que otra que esté en mitad del campo y sea de acceso complicado. «Hay que buscar acuerdos entre todas las partes, desde los propietarios a la Administración y la propia sociedad, porque no solo hay que sufragar la restauración, también el mantenimiento», apunta.
En este sentido, el responsable del colectivo para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), Carlos Henrique Fernández, aboga por buscarles un nuevo uso para sacarlas de la condena al derrumbe. ¿Cuál? Desde el turístico al hotelero, o incluso crear oficinas para la Administración.
Información realizada con la colaboración de delegaciones.