El decreto de VTC no zanja la guerra del taxi

carmo lópez REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

DPA | Lito Lizana

Las autonomías y ayuntamientos no podrán retirar estas licencias hasta el 2022, una potestad que, a falta de que estudien al detalle la norma, no convence ni a la Xunta ni al sector en Galicia

29 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Parece que las advertencias lanzadas por comunidades como Galicia al Ministerio de Fomento el pasado mes de julio, en plena guerra del taxi, no han cuajado. El real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros a propuesta del departamento que dirige José Luis Ábalos da potestad a las administraciones autonómicas y locales competencias a la hora de regular el sector de las VTC.

De esta forma, como recoge Efe, las autonomías y los ayuntamientos podrán regular sobre turnos de conductores o sobre cómo puede reservarse un vehículo de alquiler con conductor (VTC) desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la norma. Lo que no podrán suprimir, al menos de momento, son las licencias, que tienen un período de gracia de cuatro años para su amortización.

Fuentes del Ministerio de Fomento apuntaron que, aunque las licencias de VTC tengan pleno vigor durante cuatro años (manteniéndolas para recorridos de larga distancia), desde ahora en el ámbito autonómico o local caben restricciones, siempre que no impliquen la supresión. Estas administraciones podrán regular sobre condiciones como la precontratación, la solicitud del servicio, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, los horarios obligatorios o las especificaciones técnicas del vehículo.

Los cuatro años de moratoria, como avanza Efe, han sido calculados por Fomento y la Abogacía General del Estado para que no quepan indemnizaciones por responsabilidad patrimonial porque «el período transitorio ya es la compensación por los derechos perdidos», según esas mismas fuentes. De no haber esta tregua, las indemnizaciones hubiesen sido de unos 3.500 millones de euros, según cálculos que han dado recientemente las empresas de VTC.

Desde la Consellería de Infraestructuras e Vivenda no han querido hacer una valoración en profundidad del real decreto hasta no conocerlo al detalle porque, dicen, se han enterado por los medios de su aprobación. Con todo, parecen no estar muy de acuerdo con lo que ayer había trascendido y recuerdan lo que dijeron en su día: «Transferir competencias non é solucionar o problema, é traspasalo». Y avanzaron que los directores generales de Transporte están llamados la semana que viene a una reunión para tratar el asunto, «cando o decreto xa está aprobado».

Los que tendrán que leer con detalle el texto son los taxistas. Fuentes de la Federación Galega de Autónomos del Taxi explicaron que «non resolve moito de momento. Haberá agora que reunirse coa consellería para ver qué fai a Xunta e valoralo».

Los coches que ofrecen servicio con licencias VTC podrán operar hasta octubre del 2022 en tramos urbanos e interurbanos. A partir de ese momento podrán conservar la licencia para recorridos que cubran dos comunidades. Por contra, en los recorridos urbanos o entre dos municipios de una misma autonomía, la regulación dependerá de la norma que articule cada Gobierno autonómico.

De modo paralelo cada ayuntamiento o área metropolitana podrá establecer sus propios ratios VTC-taxis, una norma que empezará a aplicarse dentro de cuatro años. El ratio estatal actual es de un VTC por cada treinta taxis, no se cumple en la práctica debido a las resoluciones judiciales que han fallado a favor de los permisos concedidos durante el período 2009-2015, cuando estaba en vigor la Ley Omnibus.

Entrada en vigor

El real decreto ley aprobado ayer entra en vigor hoy, pero tiene que ser convalidado por el Congreso en treinta días. De no hacerlo decaerá. El Parlamento puede hacer también cambios. Luego el Gobierno tendrá medio año para tramitarlos por proyecto de ley.

Pese a ello el Consejo de Ministros autorizó ya ayer, por vía de urgencia, un anteproyecto de ley para modificar el régimen sancionador establecido en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por las «sospechas» de actuaciones ilegales en el VTC. Pero el ministro manifestó que espera que haya recursos a la norma por parte de todos.