Elvira Rejada ve difícil sacar información a las casas de cambio de monedas virtuales
21 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La fiebre del bum del bitcoin ha despertado las suspicacias de las autoridades, que sospechan que los ciberdelincuentes y evasores fiscales han descubierto en las criptomonedas un refugio transnacional para lavar dinero. En ese sentido se pronunció la fiscala de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, quien alerta de que los chiringuitos de compraventa de criptomonedas podrían servir de plataforma para blanquear el botín. Esta experta de la Fiscalía General ve todo tipo de barreras para seguir el rastro: es difícil sacar información a las casas de cambio (las exchangers) y la legislación no ayuda a husmear en la ruta de las divisas virtuales que saltan de cuentas de un país a otro en un flash de milisegundos. Las evidencias son volátiles en el ciberespacio.
Las finanzas electrónicas son cada vez más complejas mientras la legislación avanza a paso de tortuga. Además del bitcoin, hay otras 2.000 criptodivisas que cotizan en el libre mercado, otras lanzan sus ICOs (emisión de una moneda electrónica) y emergen como setas las plataformas web y chiringuitos que pagan con su propia ficha (token), el equivalente a los maravedíes de la feria medieval de Ribadavia. A pesar de ello, la Comisión Europea sigue empantanada debatiendo una regulación para el blockchain, la tecnología de las criptomonedas.
Tejada se refirió a estos vacíos legales como una zancadilla para investigar ciberdelitos. Lo hizo en una entrevista institucional publicada en la web de la Fiscalía General. Alerta de que las estafas por Internet son la principal infracción informática pero también ve riesgos en nuevos instrumentos como el blockchain (una cadena de trasvase de datos sin intermediarios, base de la banca electrónica) y el uso de las criptomonedas. Admite que su departamento está teniendo «dificultades» al investigar delitos con divisas virtuales.
La fiscala explica que el blockchain es una tecnología revolucionaria para gestionar transacciones descentralizadas y sin intermediarios y que lleva a cabo la propia comunidad de usuarios. El desarrollo de las criptomonedas es una de las aplicaciones que se apoya en la tecnología blockchain y el valor de la divisa lo da la propia comunidad pero «su uso está teniendo importantes consecuencias en los procesos penales sobre las que estamos intentando profundizar a través de actividades formativas», explica. «Encontramos dificultades al investigar las conductas delictivas en las que se usa moneda virtual por falta de normativa en la que apoyarse», insiste.
Si las lagunas legales empantanan las indagaciones, Tejada ve más frentes abiertos: «Se están detectando mayores dificultades para seguir el rastro del dinero o ganancias ilícitas cuando hay criptomonedas de por medio».
El nexo de unión de ambas problemáticas es que, según esta especialista, no existe una regulación específica respecto a los llamados exchangers. Se refiere a plataformas de compra y venta de criptomonedas. «Cuando les pedimos información a esas casas de cambio, donde se pueden adquirir y vender las criptomonedas, dependemos de su voluntarismo, de forma que a veces nos dan la información y otras no», reconoce la especialista en ciberdelitos. A día de hoy, Fiscalía asume que carece de los mecanismos legales «para obligarles a facilitar dicha información».
A todo ello se suma lo que Tejada denomina las «consecuencias perversas» de este nuevo sistema electrónico, que es el blanqueo de dinero. «Cuando las ganancias del delito se blanquean a través de criptomonedas es muy difícil seguir ese rastro», dice.
La Unidad Central de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado estudió 9.069 procedimientos judiciales de delitos informáticos, la mayoría estafas.
«Es difícil seguir el rastro si las ganancias del delito se blanquean con criptodivisas»