Los partidos gallegos coinciden en aplazar las elecciones pero dudan sobre cómo retomarlas
SOCIEDAD
Feijoo y el resto de candidatos buscan las fórmulas para reactivar el calendario cuando se levante el estado de alarma y la emergencia sanitaria
16 mar 2020 . Actualizado a las 20:27 h.El presidente Feijoo y los principales candidatos de partidos con y sin representación parlamentaria (PP, PSdeG, Galicia en Común, BNG y Ciudadanos) terminaron su encuentro telemático en el que el titular de la Xunta quería informar sobre la crisis sanitaria pero, sobre todo, debatir qué hacer con los comicios previstos para el 5 de abril. La respuesta se intuía en los últimos días y se confirmó incluso antes de que acabase la reunión: todos consideran oportuno aplazar las elecciones y aparcar el proceso hasta que se levante el estado de alarma a nivel estatal (al menos dos semanas) y la situación de emergencia sanitaria en Galicia, que depende de la evolución epidemiológica.
La gran duda o controversia, que ha provocado la convocatoria de una nueva reunión no presencial mañana, es cómo retomar esas elecciones y el encaje jurídico que tendría esta decisión. Según Feijoo, que se remitió a unas declaraciones del lendakari vasco, la potestad volvería a ser exclusiva del presidente, y todos estuvieron de acuerdo en que se puedan reiniciar desde el punto en el que se suspendan. Esto es, que cuenten los días que han pasado desde la convocatoria y que en su reanudación solo resten los que falten hasta cumplir los 54 oficiales que deben transcurrir, lo que prácticamente dejaría tiempo para las dos semanas de campaña, si es que el embrollo legal se resuelve antes del viernes.
Lo que sí dejó claro Feijoo es que en las actuales circunstancias no es lógico fijar una fecha que pueda quedar condicionada por la evolución de la pandemia, y también mostró su interés por intentar coincidir con los comicios vascos, tal como ocurrió en el 2009, 2012 y 2016. El problema es que los partidos vascos también encuentran «lagunas» jurídicas para acabar con la incertidumbre y, en cualquier caso, toda determinación deberá ser avalada por la junta electoral. «Neste momento é difícil dicir se os procesos serán idénticos», argumentó Feijoo apelando a la prudencia legal. Los servicios de la Xunta ya analizan el texto elaborado por los vascos y su posible adaptación para Galicia, aunque «o amparo legal pode limitar o consenso», advirtió.
El tono y las palabras del presidente revelaron la buena disposición para encontrar una solución a la convocatoria y a la definición de unas «regras do xogo», pero este se mostró satisfecho porque «a democracia galega é madura, aprendeu a priorizar a unidade e a xuntar vontades nunha soa dirección», como están haciendo los ciudadanos, añadió. Pero entiende que se trata de una «innovación no ámbito electoral que ten que sustentarse solidamente sobre bases xurídicas ben construidas». El marco legal y la singularidad de la situación también le valió para descartar que haya alguna posibilidad de que se anule la disolución de la Cámara, lo que permitiría que regresase la actividad al pazo do Hórreo. Por tanto, seguirá funcionando con la diputación permanente, que se convoca en casos urgentes. Además, tampoco valora recuperar para la estructura del Gobierno a la docena de cargos que salieron hace unas semanas para ocupar puestos en las listas electorales del PPdeG. La atención de Ejecutivo es otra, las competencias están delegadas y no volverán a sus ocupaciones salvo que la situación se alargue excesivamente.
A pesar de tratarse de una situación única, una de las vías legales que ya se apuntaron como posible para la suspensión del proceso electoral pasaba por la de declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, que ya está en vigor, lo que deja en manos del presidente del Gobierno la suspensión efectiva. Pedro Sánchez, sin embargo, se remitió este fin de semana a las reuniones que mantuvieron los presidentes de Galicia y el País Vasco para trasladar una postura de unidad sobre determinación inédita.
Feijoo y su equipo de Gobierno ya trabajaban desde el jueves con la hipótesis del aplazamiento o suspensión y la orden interna era tratar todo lo relativo a las elecciones como algo «secundario» para centrarse en la gestión de la crisis. Con mayor o menor rapidez el resto de los partidos fueron cediendo a la evidencia que se hacía más palpable por momentos de que ya no se daban las circunstancias de normalidad democrática precisas para poner en marcha una campaña que arrancaría este jueves a medianoche. Los partidos vascos, que esta mañana han celebrado una reunión similar para aplazar las elecciones, también admiten que el encaje legal de la nueva situación tiene «lagunas».
Las elecciones gallegas se celebraron en el 2016 a finales de septiembre, y antes de que se convocasen para el 5 de abril, coincidiendo también con las vascas, el Gobierno gallego tendría de margen hasta finales de octubre para fijar la fecha, cumpliendo así el plazo máximo de cuatro años y un mes, aunque esto solo sirva ahora como un referente en el calendario porque el marco jurídico es completamente nuevo. El Parlamento de Galicia ha cesado en su actividad y solo siguen activos los elegidos para formar parte de la diputación permanente. A su vez, la elaboración de las listas electorales obligó a varios miembros del Gobierno y a cargos estatales de la oposición a abandonar sus puestos. En el caso del Ejecutivo gallego, las funciones de los 12 directivos cesados han sido delegadas a otros compañeros.
