Doce personas decidirán en Galicia si se autoriza la eutanasia cuando el médico se niegue a hacerlo
SOCIEDAD
El Sergas crea una comisión formada por personal médico, de enfermería y juristas
09 jul 2021 . Actualizado a las 15:59 h.La Ley orgánica de regulación de la eutanasia, publicada en el mes de marzo en el BOE, obliga a todas las comunidades autónomas a crear en el plazo de tres meses una comisión de garantía y evaluación. Este órgano, que tendrá que tener un mínimo de siete miembros y contar con personal médico, de enfermería y juristas, es el que se encarga de resolver las reclamaciones de aquellas personas a quien su médico responsable haya denegado la solicitud de prestación de ayuda a morir.
En un plazo de veinte días la comisión debe tomar una decisión y, en el caso de que la respuesta sea favorable, esta entidad requerirá al centro sanitario que en siete días, como máximo, facilite a la persona solicitante la ayuda a morir a través de otro médico, o bien con un equipo externo.
Otra de sus funciones es verificar en dos meses si todas estas solicitudes se han realizado de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la puesta en marcha de esta comisión, que estará compuesta por doce miembros. De ellos, siete serán médicos, entre ellos al menos un especialista en medicina interna, un facultativo de atención primaria y un psiquiatra. Otros dos componentes serán personal de enfermería y los tres últimos juristas, con conocimientos de derecho sanitario o bioética.
El encargado de designar a las doce personas será el titular de la dirección xeral de asistencia sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en este caso. También designará al presidente, y este a la persona que ocupe la secretaría. Este cargo debe ser ocupado por un funcionario de carrera o por personal estatutario y no tendrá voto en las sesiones.
La propia comisión de garantías debe encargarse de elaborar un reglamento de régimen interno, y mientras este no esté aprobado se ajustará a lo que recoge la ley orgánica.
El decreto que crea esta comisión, y que entra en vigor mañana, recuerda también que los miembros de la comisión tienen la obligación de guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y proteger los datos personales de los pacientes y profesionales que se pongan en contacto con ellos. Se procurará además que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres.