¿Se está controlando el botellón en Galicia?

Beber en la vía pública está doblemente prohibido en Galicia: por la Ley de Salud de la Xunta y por ordenanza municipal. Esto implica que, en tiempos de covid, hacer botellón en la calle puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros, una cantidad que, sin embargo, no parece impresionar a los más jóvenes. Ni siquiera la amenaza de multas desorbitadas contiene sus ganas de empinar el codo para, después de casi un larguísimo año y medio de pandemia, desinhibirse y volver a alternar. A pesar de que el grueso de expedientes tramitados tras las rondas policiales nocturnas ha caído significativamente estas últimas semanas, la comunidad sigue lejos de cerrar un fin de semana sin una sola denuncia. «La situación empezó a complicarse en Galicia, más o menos, a partir del 19 de junio, con el fin del curso y las celebraciones de San Juan -recapitula el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva-. Ese primer fin de semana de verano, en Ourense llegó a haber concentraciones de 600 personas. Fueron unos días muy complejos en las siete ciudades». El 23 de junio, la comunidad todavía registraba menos de cien contagios al día; dos semanas después, superaba ya los 5.000 diarios.

La Xunta tomó cartas en el asunto a principios de julio, al mismo tiempo que el ocio nocturno volvía a ponerse en marcha después de casi un año con la persiana bajada. Para disuadir a los jóvenes de beber amontonados en plena calle -la madrugada del sábado 3 hubo que desalojar a más de mil jóvenes de una plaza de Vigo- no solo extremó la vigilancia policial, además decidió cerrar los enclaves favoritos para el bebercio al aire libre -desde entonces, playas, parques y plazas quedan completamente precintados entre la medianoche y las seis de la mañana en los principales núcleos poblacionales gallegos- y prohibió reunirse de madrugada con no convivientes en los concellos con más contagios.

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Carmela López

Villanueva profundiza en los detalles de ese dispositivo policial que se despliega cada fin de semana en las ciudades y en los municipios más turísticos (también, en puntos concretos del mapa en días festivos o citas patronales): integrado por patrullas conjuntas de la Policía Local, Autonómica, Nacional y la Guardia Civil, que «duplican, triplican e incluso a veces cuadruplican las patrullas que tendría que haber un fin de semana normal», alterna servicios estáticos y dinámicos en áreas estratégicas. «El resultado está siendo muy bueno -valora-. Los botellones se han reducido de forma drástica. También se nota la concienciación de la población ante el aumento de contagios».

Sin embargo, el control en núcleos más pequeños, en los márgenes del foco, parece no estar resultando satisfactorio. La alcaldesa de Xinzo, Elvira Lama, solicitaba refuerzos este mismo jueves a la Subdelegación del Gobierno para controlar estas aglomeraciones, un problema que, en su opinión, se suma a la precariedad de efectivos agravada por las vacaciones. «Estamos en medio del verano, con una afluencia grande de visitantes y turistas, además de la gente que regresa de vacaciones, y después de casi un año y medio tenemos ganas de disfrutar del ocio, pero cuando la incidencia aumenta hay que actuar -observa-. Pensamos que la salud está por encima de cualquier otra cosa, y es lo que debemos de proteger. En aras de la seguridad hay que incrementar la presencia policial y recordar que sigue en vigor el uso de mascarilla, la distancia social, que los establecimientos tienen que adaptarse al horario, etcétera». ¿Son suficientes los policías que hay? ¿Cómo se enfrentan un par de agentes a un botellón de 600 personas?

«La policía no solo está para controlar el botellón, tiene más cosas que hacer»

«Una actuación policial en un grupo tan numeroso es prácticamente imposible, tienes que tener 50 policías -argumenta el responsable de Emerxencias-. Por eso se han impuesto otras medidas. La policía no solo puede estar pendiente del botellón, tiene que atender también al resto de funciones: seguir controlando la seguridad ciudadana, el tráfico, la violencia de género, las llamadas de los vecinos por ruidos, fiestas... Es un esfuerzo grande. No hay tres millones de policías para atender a tres millones de gallegos».

Reitera, sin embargo, que la respuesta ciudadana está siendo buena, que no se están produciendo grandes altercados y que la mayor parte del tiempo estas rondas tienen carácter preventivo, disuasorio. «La mejor actuación es la que no se llega a producir -comenta-. Si tú pones una patrulla en una plaza en la que se iba a concentrar gente y ya no dejas que se concentre, evidentemente es un terreno ganado».

Roberto González, secretario general en Galicia sindicato de policías nacionales SUP constata que, como norma general, los ciudadanos obedecen, pero apunta también que este respeto al principio de autoridad «se complica a ciertas horas y con ciertas dosis de alcohol y otras sustancias en el cuerpo». «Además -añade-, que el Constitucional haya tumbado todas las propuestas de sanción realizadas en el primer estado de alarma es un jarro de agua fría para la labor policial; no ayuda mucho».

Defiende Villanueva, por su parte, que «a ningún policía le gusta sancionar», pero advierte de que según la ley de Sanidad está prohibido ingerir alcohol en grupo. «Es una sanción leve -precisa- que puede llegar hasta los 3.000 euros, y todas las multas que se ponen están llegando, más pronto o más tarde. A esto hay que sumarle las ordenanzas municipales y que en una situación pandémica está prohibido comer y beber en el exterior si no se guardan distancias de seguridad. No cabe alegar que no se conoce la norma. Yo creo que ahora mismo todos sabemos que eso no se puede hacer».

El ocio nocturno reclama que la suspensión de su actividad no tiene base legal

Un total de 71 concellos, que aglutinan al 68,5 % de la población gallega -entre ellos, las siete ciudades-, permanecen desde hoy en nivel alto o máximo de restricciones, lo que, entre otras cosas, implica que su ocio nocturno debe permanecer cerrado a cal y canto, al menos de puertas adentro; sus terrazas pueden abrir como las de los bares hasta la una de la madrugada al 50 % de su aforo. El sector, ahogado, lanza un nuevo grito de auxilio: defiende que la suspensión de su actividad no tiene base legal en estos momentos, exige la reapertura de todos los locales y reclama una compensación económica por los 17 meses de cierres que llevan soportando.

Las asociaciones gallegas de empresarios del ocio nocturno advierten, además, de que esta medida restrictiva solo agrava la proliferación de los macrobotellones y las fiestas ilegales: «Estamos cansados de ver todos los fines de semana imágenes dantescas. Los clientes se desplazan o buscan otras alternativas sin ningún control», argumentan.