El Ejecutivo reconoce que no existen los informes clave en los que se basó la desescalada tras el confinamiento de la primavera del 2020
17 oct 2021 . Actualizado a las 21:17 h.La falta de transparencia durante la emergencia sanitaria de la covid-19 vuelve a poner en apuros al Gobierno. El Ejecutivo central ha reconocido esta semana que no existen los informes de los expertos que permitieron la desescalada en mayo del 2020. La información la ha adelantado el periódico Vozpópuli, que reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las actas de las reuniones en las que se decidió la relajación de las restricciones y como respuesta ha recibido un mensaje negativo: «La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no dispone de información que se corresponda con la solicitada».
En abril del 2020, durante las semanas más duras de la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que la actividad económica, que entonces se encontraba en un estado que se dio en llamar hibernación, se recuperaría paulatinamente siempre de acuerdo a las decisiones que recomendaría un comité de expertos y de científicos que asesoraba al Gobierno. El contenido de esas reuniones quedaría reflejado en actas y así lo dijo Sánchez en una rueda de prensa en mayo. «En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de la desescalada y también en las reuniones del comité científico (.) tomamos nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, serán públicas porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa».
En diciembre del año pasado, la web Maldita publicó una primera respuesta del Gobierno ante las peticiones de información sobre aquellas reuniones. Entonces, el Ejecutivo, también a través de un documento en el portal de Transparencia, explicaba que ni el Comité de Evaluación y Seguimiento del covid-19 ni el Comité Científico Técnico, otro de los grupos creados al principio de la pandemia, eran órganos administrativos, por lo que no estaba establecida la «obligatoriedad de mantener órdenes del día, actas ni relación de asistentes».
El Ministerio de Sanidad incluso admitía entonces que «no existe ningún comité de expertos ni órgano administrativo colegiado [...] que estuviera encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas y que decidiera las unidades territoriales que avanzaban en el proceso de desescalada desde la fase cero». Es decir, negaba las declaraciones de Sánchez sobre el aval científico de las decisiones durante la desescalada.
Pero en realidad, sí existía un comité que asesoraba al Gobierno, aunque que no estaba formado por expertos independientes y externos a la administración, sino casi en exclusiva por los funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que trabajaban bajo las órdenes de Fernando Simón. El 29 de diciembre se hicieron públicos los nombres de estos 15 técnicos, catorce de ellos trabajadores del Ministerio de Sanidad y solo un externo, el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap).
En estas contradicciones se han centrado esta semana las críticas de la Comunidad de Madrid, la más beligerante contra las decisiones del Gobierno durante la pandemia. El pasado miércoles, el viceconsejero madrileño de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, declaró que sentía «especial preocupación» por la inexistencia de estos informes de los expertos y preguntó al exministro de Sanidad Salvador Illa quién tomaba «estas decisiones». «Con la información que disponemos, quienes decidían eran funcionarios del Ministerio. Entendemos que no han quedado por escrito sus opiniones porque la Fiscalía lo ha pedido y no se lo han aportado», dijo Zapatero.
