Los «paparazzi» tendrán que indemnizar a la periodista con 265.000 euros y a la amiga con la que aparece en las imágenes con 75.000 euros
14 ene 2022 . Actualizado a las 16:19 h.Mariló Montero ha ganado la batalla legal a los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González que le tomaron unas fotografías en topless durante unas vacaciones en Bora Bora en el 2014 y 2015. El juzgado considera que son culpables de un delito de intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor. Se trata de una sentencia histórica por su abultado importe, ya que tendrán que indemnizar a la periodista con 265.000 euros y a la amiga con la que aparece con 75.000
Aunque los dos colaboradores de televisión argumentaron que las imágenes habían sido tomadas en lugares públicos, la sentencia establece que la gran mayoría son escenas íntimas de la vida privada. Los hechos se remontan a finales del 2014 y principios del 2015, cuando la navarra viajó a la remota isla de la Polinesia francesa (a 16.000 kilómetros de España) primero con sus hijos y luego con una amiga. En la escapada familiar fue retratada junto a sus hijos en la cubierta de un barco, unas imágenes que sí vieron la luz. Sin embargo, las fotos sin la parte de arriba del bikini se hicieron durante su estancia en Bora Bora junto a una amiga de su infancia.
Al tener conocimiento de las mismas, Montero solicitó medidas cautelares que llevaron a que no se publicaran, lo que dio alas a todo tipo de especulaciones sobre su condición sexual. La periodista lamenta la pérdida de rigor y de ética en el ejercicio de su profesión de los conocidos fotógrafos. En una intervención en Espejo Público, de Antena 3, ha asegurado que «es una vulneración al honor». «Distraen todo lo que haces en tu carrera profesional en que el público desvíe la atención a cómo tengo mis pechos y cómo duermo o con quién».
En otras declaraciones, esta vez en Más vale tarde, de La Sexta, explicó que cuando pidió las medidas, «ellos empezaron a decir que yo estaba secuestrando las fotografías porque yo no viajaba con un hombre, viajaba con una mujer. Entonces, los medios que recogieron esas informaciones empezaron a especular con mi condición sexual, que es algo inconstitucional».
Montero recuerda aquellos días como un acoso. De hecho, explicó que habitualmente avisa a su exmarido y padre de sus hijos, Carlos Herrera, acerca de sus destinos, sin embargo, aquella vez hizo un cambio de última hora solo tres días antes porque se sentía perseguida. Su objetivo era buscar la máxima privacidad. La sentencia, ante la que todavía cabe recurso, hace referencia a esa situación estableciendo que «partiendo de la base de que la señora Montero es una reputada periodista, con relevancia pública, y que por ello sus derechos pudieron verse en cierto modo limitados, lo que en absoluto cabe soportar es una persecución sobre su persona destinada a la captación de su imagen en momentos de su estricta esfera privada».
