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Denunciada por falsificar el pasaporte covid para entrar en un bar de Becerreá la noche de Reyes

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ, AGENCIAS

SOCIEDAD

Foto de archivo de un local que exige el pasaporte covid para acceder.
Foto de archivo de un local que exige el pasaporte covid para acceder. PACO RODRÍGUEZ

La Guardia Civil afirma que la mujer modificó el documento para añadirle sus datos, y sospechan que otros jóvenes podrían estar usando este mismo método

03 feb 2022 . Actualizado a las 14:26 h.

La Guardia Civil investiga a una vecina de la localidad lucense de Becerreá por un supuesto delito de falsedad en documento público. Presuntamente, la mujer habría utilizado un pasaporte covid falsificado para acceder a un local de hostelería.

Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, los hechos se remontan a la pasada noche de Reyes, cuando la Guardia Civil realizó una inspección rutinaria en un establecimiento de ocio situado en Becerreá, en el que se hallaba la joven.

Los agentes le solicitaron el pasaporte, necesario para estar en el interior de local -por orden de las autoridades sanitarias-, y la chica les mostró «un pasaporte con apariencia de legitimidad, pues tenía el formato del original».

Sin embargo, los guardias procedieron a verificar la autenticidad del documento y comprobaron que el documento que les mostró era «falso», dado que a esta persona no le constaba pauta de vacunación alguna.

Las investigaciones permitieron además comprobar que la investigada utilizó como plantilla un certificado covid original, al que luego le modificó los datos de filiación, así como la fecha de nacimiento.

La Guardia Civil también verificó que, en el documento, a pesar de que el nombre y fecha de nacimiento eran los de la joven, al ser escaneado el código QR, aparecían los datos de otra persona. La sospechosa fue puesta este jueves a disposición judicial.

La Guardia Civil incide en la «gravedad de los hechos», dado que, «además de poner en riesgo la salud pública», su forma de actuar «puede conllevar una pena de prisión de hasta tres años» de reclusión.

Las investigaciones continúan abiertas, dado que los agentes encargados del caso sospechan que otros jóvenes podrían estar usando el mismo modus operandi para eludir las medidas preventivas adoptadas por la Xunta.