El Consejo de Ministros avalará mañana su proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y lo remitirá al Parlamento para su aprobación
29 ago 2022 . Actualizado a las 18:26 h.El Gobierno aspira a que el Parlamento apruebe la nueva ley del aborto y la remita al BOE para su entrada en vigor antes de que termine el año, según confirmó hoy la titular de Igualdad y principal impulsora de este proyecto de ley, Irene Montero.
Eso quiere decir que los dos partidos del Ejecutivo van a tratar de tramitar la norma con la máxima urgencia tanto en el Congreso como en el Senado, pues quieren que ambas cámaras completen su ciclo de registro, debate, enmiendas y aprobación en un tiempo casi récord de tan solo tres meses.
Las prisas por tener en vigor esta reforma serán evidentes ya este martes, cuando el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo con carácter de urgencia y se lo remitirá al Congreso para su tramitación sin esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su contenido.
La nueva ley, como su nombre indica, no se limita a ampliar el contenido de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo anteriores sino que acuerda toda una batería de medidas sobre educación sexual y anticoncepción, salud menstrual, embarazo y parto y violencias reproductivas contra las mujeres, como considera a la gestación subrogada, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y el embarazo o el aborto forzados.
No obstante, el objetivo principal de la norma sigue siendo terminar con las cortapisas que el PP puso en 2015 de forma unilateral a la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el respaldo de prácticamente todo el arco parlamentario salvo las bancadas populares.
La futura ley permitirá a las chicas de 16 y 17 que pidan la interrupción voluntaria de su embarazo sin necesidad de contar, como ocurre ahora, con el permiso de sus padres y también suprime el llamado período de reflexión de tres días que por obligación tiene que esperar cualquier mujer solicitante de un aborto antes de poder reafirmar y hacer definitiva su petición.