La Xunta cambia la ley de forma retroactiva para que no se anulen multas por las mascarillas
SOCIEDAD
Algunos jueces invalidan sanciones anteriores a febrero del 2021 puestas por concellos porque no tenían competencias
26 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Ocho jóvenes matan el frío nocturno haciendo botellón en un parque público. Beben y ríen sin mascarilla. Son las días de las Navidades del 2020, el año del confinamiento y las restricciones para frenar el covid. En ese momento, es obligatorio llevar mascarilla y la Xunta incluso ha establecido recomendaciones sobre cómo cenar en Nochebuena para evitar contagios. Una patrulla de la Policía Local de Vigo descubre a los jóvenes y les pone una multa. 80 euros por cabeza por ir sin mascarilla. Una recurre. El juzgado le da la razón: la multa es ilegal.
La sentencia del contencioso-administrativo es de finales de julio. Pero hay muchas más que han anulado multas, basándose en que los concellos no tenían competencias para sancionar el incumplimiento de las medidas anticovid. Otras sí han dado la razón a la Administración. Para evitar que se anulen más multas, la Xunta está promoviendo un cambio legal con efecto retroactivo que declara competentes a los concellos para sancionar desde el principio de la pandemia.
La cuestión quedó clara a finales de febrero del 2021. En ese momento entró en vigor la nueva Lei de Saúde de Galicia, que endosaba a los ayuntamientos la competencia de multar los incumplimientos. Pero lo que había ocurrido antes estaba en un vacío. Y no es poco, porque la Xunta llevaba desde junio del 2020 dictando normas cada semana para contener la transmisión del coronavirus: la imposibilidad de moverse de un municipio a otro, la limitación de horarios en la hostelería, aforos... Pero la sentencia que encabeza este texto se refiere a hechos del 27 de diciembre del 2020, cuando el Concello de Vigo era «manifiestamente incompetente» para sancionar.
El cambio normativo que promueve la Xunta aparece en la letra pequeña de los Presupostos del 2023, la llamada ley de medidas fiscales y administrativas. A través de ella, el Gobierno gallego quiere matizar la Lei de Saúde así: «Corresponderalles aos concellos a competencia para resolver os procedementos sancionadores por feitos acaecidos antes da entrada en vigor desta lei». Aclara a qué se refiere: mascarillas, limitaciones de personas, cuestiones de higiene en centros de trabajo, horarios de apertura y cierre, y distancia entre mesas en establecimientos de hostelería. Es decir, toda la normativa anticovid.
Efecto retroactivo
Como la Lei de Saúde entró en vigor el 27 de febrero del 2021, este cambio se refiere a todas las multas que se pusiesen antes. Tiene efecto retroactivo.
Este año, a través de la llamada ley de acompañamiento a los Presupostos, el Gobierno quiere cambiar otras 40 leyes. La que tiene que ver con las sanciones del covid-19 se justifica en «aclarar a regulación xa existente mantendo o designio orixinal da norma». Para ir al «designio orixinal» hay que volver al 2008. La primera Lei de Saúde decía que los ayuntamientos podían multar en cuestiones de salud pública «al amparo de sus ordenanzas municipales», como recuerda el fallo judicial ya citado. Los concellos debían remitir esas ordenanzas a la Consellería de Sanidade. Pero la mayoría no las tienen, y por eso el juez, igual que otros, considera que las multas no tienen soporte jurídico.
Una portavoz de Sanidade admite que la redacción original había provocado que «algunos juzgados no estuviesen seguros de que los concellos pudieran sancionar antes de la Lei de Saúde, y ahora se aclara».
Pero a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que agrupa a todos los ayuntamientos, la modificación le ha cogido por sorpresa. «Nuestros servicios jurídicos tienen dudas de que esto se pueda aplicar de forma retroactiva y lo están estudiando», dice una fuente oficial de la ejecutiva. Este órgano decidirá si presenta un recurso contra la nueva modificación legal, que todavía debe ser votada en el Parlamento gallego, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Si sale adelante tal cual está redactado el proyecto de ley, los ciudadanos que recurran en los tribunales ya no podrán alegar que los multó una policía local y que no tenía competencias.
