La ministra Montero está cercada por culpar a los jueces de la excarcelación de violadores
SOCIEDAD
Los socios de la titular de Igualdad abogan por reformar la ley del «sí es sí»
18 nov 2022 . Actualizado a las 10:32 h.La ministra de Igualdad, Irene Montero, está más sola cada hora que pasa. Solo el núcleo duro de Podemos la respalda en su ataque contra los jueces para justificar lo ocurrido con la ley del «solo sí es sí», que está permitiendo la rebaja de penas e incluso la excarcelación de violadores.
Las tres asociaciones conservadoras de jueces piden su dimisión, al igual que el PP y Vox, que quiere reprobarla; la Asociación de Fiscales rechaza las acusaciones de machismo y tanto los compañeros socialistas en el Gobierno como los barones territoriales del PSOE se desmarcan claramente de la estrategia de Montero, mientras que Yolanda Díaz e Izquierda Unida guardan un silencio atronador. Incluso los socios habituales de los morados como ERC, Bildu, Junts y el PNV han empezado a recoger velas en favor de una rectificación de esa Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ahora mismo nadie sabe cómo llevar a buen puerto para evitar que ocurra justo lo contrario de lo que se pretendía. Es más, su compañero en Podemos, el juez y vicepresidente del Gobierno de Baleares, Juan Pedro Yllanes, calificó de «temerario» tratar de machistas a unos magistrados que «tienen la obligación estricta de aplicar la ley penal más favorable».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, precisamente delante de la titular de Igualdad en la inauguración del Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, echó un jarro de agua fría sobre la primera vía de escape que había atisbado el Gobierno. No habrá «automatismos» para que el ministerio público, en contra de lo que viene haciendo hasta ahora, se oponga de manera sistemática a las reducciones de condenas. Analizará «todas y cada una de las ejecutorias que se planteen» de manera individual y «con vocación de amparo a las víctimas».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente exigen la dimisión de Montero. Incluso la progresista Juezas y Juezas para la Democracia ha calificado de «muy desafortunadas e inapropiadas» las críticas de la ministra. «La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el poder judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos», recalca la APM.
«Soberbia intelectual»
Los presidentes autonómicos del PSOE Javier Lambán, Adrián Barbón, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page urgen cuanto antes soluciones o paliativos para salir de este embrollo que está teniendo el efecto contrario de lo que pretendían los legisladores. García-Page incluso acusó a Montero de «soberbia intelectual» por no reconocer el error y de «cavar una trinchera» para reafirmarse, aunque eso implique acusar a todo un cuerpo del Estado, como es el de la judicatura.
Miquel Iceta, ministro de Cultura, se ha situado en la línea oficial que pretende defender el Gobierno, la de «esperar a que sean los propios órganos judiciales y de la fiscalía los que unifiquen la doctrina y señalen el camino a seguir». Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, manifestó un «absoluto respeto a todos los jueces y magistrados» por más que algunos «apliquen erróneamente la ley».
Entre tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha evitado cualquier gesto de respaldo a Montero. Se ha limitado, al igual que el ministro de Universidades, Joan Subirats (Comunes), a llamar a la prudencia, mientras que Alberto Garzón (IU) ni siquiera se ha pronunciado.
