La interrupción voluntaria del embarazo como derecho
SOCIEDAD
La interrupción voluntaria del embarazo forma parte inseparable de los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos, que son inalienables y no están sujetos a discriminación por sexo, edad o raza. Estos derechos se encuentran reconocidos en las declaraciones de la ONU y buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. El origen del concepto de derechos reproductivos, en el marco de ONU y la OMS se sitúa en la Conferencia de Teherán (1969) y el de la planificación familiar, en la Conferencia de Nairobi (1987).
La salud sexual y reproductiva es fundamental para las parejas y las familias, pero también para el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones. Tal como establece la Constitución de la OMS, el objetivo de la organización es «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud». En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en 1997 en Valencia, se formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que posteriormente fue aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) y que en su punto 8 reconoce «el derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables». ONU-SIDA establece también como derecho la «libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la elección de métodos», y la Federación Internacional de Planificación Familiar avala «el derecho de decidir casarse o no y de planificar y tener una familia y decidir o no tener hijas e hijos».
Para la OMS, fortalecer el acceso a la atención integral para el aborto dentro del sistema de salud es fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su estrategia mundial de salud reproductiva considera la eliminación del aborto peligroso un mandato prioritario. La importancia para la salud de la calidad de la atención al aborto se subraya igualmente en su Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, que incluye intervenciones en el aborto y la atención posterior como una forma eficaz de ayudar a las personas a prosperar y a las comunidades a transformarse.
El aborto es el derecho que la ley reconoce a las mujeres en la mayoría de los países del mundo, en diferentes grados, para decidir libremente interrumpir su embarazo y realizarlo por sí mismas o por otras personas en condiciones seguras. Solo 16 estados lo prohíben en sus códigos penales sin excepciones; el resto lo reconocen sujeto a condiciones, como el riesgo para la vida o salud de la embarazada, cantidad de semanas de gestación, una violación, la situación socioeconómica o la presencia de un problema grave en el feto. En España, es un derecho garantizado desde 1985. La ley actual, del 2010, está en proceso de ser avalada íntegramente por el Tribunal Constitucional. Según las últimas encuestas, es un derecho ampliamente aceptado a nivel social y un debate hace ya tiempo superado.