Víctimas dos veces: violadas y sin voz para poder denunciarlo ante un juez
SOCIEDAD
Aspace recoge 54 casos de violencia contra mujeres con parálisis cerebral
27 mar 2023 . Actualizado a las 20:23 h.El entrenador, que además era la persona que le ayudaba a asearse, porque solo mueve y con dificultad una de las manos, abusó de ella de manera continuada cuando era una veinteañera. Además de la manera más mezquina posible, romantizando la situación y convenciéndola de que eran novios, pese a que él estaba casado y tenía hijos. Logró que accediese a tener sexo y en un ambiente más que sórdido, siempre en el suelo del baño donde la aseaba y sin que nadie externo tuviese convencimiento de ese supuesto noviazgo. Como tiene lo que se conoce como capacidad intelectual límite, que es prácticamente plena, entendió lo que le estaba pasando y dejó de querer ir a los entrenamientos, que eran diarios. Entonces, su abusador —presunto porque nunca fue condenado por estos hechos— utilizó un viaje para volver a engañarla. Incluso llegó a forzar más la situación físicamente cuando los embaucamientos dejaron de funcionar. Todo ello siempre según el relato de víctima, detallado y con una continuidad clara respecto a esos más de dos años que duraron las agresiones, y que, sin embargo, no tuvieron validez alguna en los juzgados.
Poco importó que la joven contase todo esto incluso delante de su madre, con lo que eso significa. Al sentimiento de culpa recurrente en este tipo de casos se sumaron las dificultades comunicativas y dio cuenta de lo sucedido tarde, como ocurre la mayoría de veces. Ya era tarde para obtener otras pruebas biológicas y forenses. Lo único que había era su testimonio a través del cuaderno con pictogramas y palabras que utiliza para hacerse entender señalando, porque no verbaliza absolutamente nada. Se estimó que no era suficiente y ni siquiera se especifica como tal en el auto de sobreseimiento, que simplemente indica que las pruebas no eran concluyentes, cuando la única prueba era su palabra.
No se trata ni mucho menos de un caso excepcional. La Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) abrió en mayo del año pasado un canal en el que lleva recogidos ya 54 casos de violencia contra mujeres con parálisis cerebral, algunos de víctimas gallegas. De ellos, 36, el grueso del total, son de violencia sexual, dos de explotación de mujeres obligadas a prostituirse y otros ocho de lo que se define como «violencia sexual digital», que tiene muchas variantes pero siempre consiste en utilizar una foto o un vídeo de la víctima para chantajearla. Normalmente se da más entre los jóvenes y en el contexto de la pareja o la expareja, que así consigue mantener la situación de control sobre la víctima. «Por el miedo que tengo de que me destruyas a golpe de clic, permito que escale muchísimo la situación de violencia», explican desde la entidad.
De estos 54 casos, el 85 % de tipo sexual, solamente han llegado a juicio 16, porque ese paso depende de la decisión de la víctima, y tres fueron directamente archivados porque no se entendió como válida la comparecencia de la víctima. «Se judicializa poco la violencia y también en la parálisis cerebral», como denuncia la abogada Ángeles Blanco.
A todas estas disfunciones trata de ponerle remedio la ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una normativa aplaudida por las entidades pero que, como dice Blanco, también tiene sus agujeros. No hace referencia explícita a la comunicación aumentativa y adaptativa y tampoco desarrolla de manera explícita la figura de la persona facilitadora de la comunicación. Una función en la que cobran relevancia los logopedas, con los que no siempre se está contando.
Ángeles Blanco: «Imaginamos que por su pluridiscapacidad tienen un escudo contra la violencia sexual y ocurre todo lo contrario»
La abogada Ángeles Blanco, delegada de derechos humanos y coordinadora de incidencia en Aspace, resalta que las mujeres que sufren parálisis cerebral «en el imaginario social es como si, por su situación, tuviesen un escudo contra la violencia sexual, y ocurre todo lo contrario». Explica que «no es solo que tengan una pluridiscapacidad, es que además son dependientes del apoyo de terceras personas, de tal forma que, aprovechando las ayudas a la higiene por ejemplo, sea muy sencillo ejercer sobre ellas algún tipo de violencia sexual».
Blanco, que se ha especializado en derecho civil, sobre todo en lo que tienen que ver con la discapacidad, se ha encontrado de todo en la multitud de procesos administrativos y judiciales en los que ha intervenido, en lo que tiene que ver con las medidas de apoyo a las que obliga la ley 8/2021 y especialmente a su espíritu: que prevalezcan la voluntad, el deseo y las preferencias de la persona. Desde que no se admita su forma de comunicación o a la persona facilitadora, hasta que se haga en parte pero poniéndolo en duda o darle cabida pero, en realidad, no escuchar lo que dice. Todo ello, conduce a una situación especialmente sangrante que la abogada define así: «No solo he sido víctima de un delito flagrante sino que, además, en los tribunales no lo he podido defender porque esos tribunales no se adaptan a mi situación de incapacidad y no me permiten ser escuchada». Frente a eso, Aspace trata de paliar los déficits del sistema público, como es, por ejemplo, la facilitación de medios técnicos y humanos, como los tableros dinámicos de comunicación o incluso los logopedas.
Diana Gándara: «Non poder expresar desexos, opinións... para min é privarche dun dereito humano básico»
Para la logopeda muxiana Diana Gándara la ley 8/2021, que da de plazo hasta el 3 de septiembre del año que viene para revisar todos los procesos que tengan cabida, tiene el valor de «buscar esa igualdade de condicións» entre las personas al margen de las dificultades comunicativas que puedan tener «na lexislación civil e procesal, pero tamén en cuestión como ir a un notario ou firmar un contrato bancario».
Dentro de ese sistema es donde entran profesionales como ella en el papel de facilitadores de la comunicación que se encargan de «evaluar, diseñar, asesorar, ofrecer todo tipo de información a estas personas». Básicamente lo que tratan es de «asegurarse de que comprendan» y al mismo tiempo que puedan ser entendidas, pero siempre adaptándose a sus capacidades y sus costumbres. Es decir, aunque ella entienda que a lo mejor a esa persona concreta le iría mejor otro método tiene que adaptarse al de la persona. «Non modificar nada. Se, por exemplo, para el levantar o nariz para arriba significa un porco, aínda que o signo sexa outro, pois é así», explica Gándara, que comprende que hace falta tiempo para que la normativa se asiente, pero detecta bastantes limitaciones, sobre todo a la hora de que los organismos «entendan en que consiste a figura do facilitador da comunicación» para recurrir a ella.
«Non poder expresar desexos, opinións... para min é privarche dun dereito humano básico», concluye la especialista, para la que también es importante que la información llegue a la población para que sepa lo que puede pedir.
