Ninguna clínica se presenta al contrato del Sergas para derivar abortos a la privada
SOCIEDAD
«Las condiciones eran inaceptables», coinciden los dos centros que ya hacen interrupciones del embarazo, que hablaron entre sí antes de no concurrir a la licitación; Sanidade asegura que no enviará casos fuera de Galicia
20 oct 2023 . Actualizado a las 00:38 h.Ninguna de las clínicas que practican abortos en Galicia se ha presentado al concurso con el que el Servizo Galego de Saúde pretendía contratar este servicio en la privada, ante la falta de medios para hacer todas las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. El Sergas contemplaba un gasto 460.000 euros cada año. Pero las dos clínicas gallegas que ya hacen abortos para el Sergas, Arce en A Coruña y Castrelos en Vigo, dicen que «las condiciones de la licitación [marcadas por el Sergas] eran inaceptables». La Consellería de Sanidade reconoce que todavía no ha decidido cómo va a resolver esta situación, si bien sostiene que «continuará a garantir esta prestación a calquera muller na comunidade autónoma, cando así o necesite».
El Sergas reconoce en la documentación del contrato que carece de «recursos humanos, materiais e infraestructura» para garantizar la prestación del aborto dentro de los hospitales públicos. Desde el 2010, cualquier mujer puede interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas sin tener que dar ninguna razón. Por esa carencia de medios, el Sergas contrata clínicas privadas y en el contrato que ha quedado desierto estimaba que les derivaría 805 abortos cada año.
Fuentes de la dirección de las dos clínicas gallegas reconocen que hablaron entre sí durante el proceso de licitación, mientras valoraban si se presentaban al concurso o no. Coincidieron en su diagnóstico: «No nos pusimos de acuerdo en no presentarnos, pero las condiciones no se podían aceptar», comparten los dos centros. La Consellería de Sanidade sospechaba que esto iba a ocurrir, porque las clínicas transmitieron que los precios eran insuficientes y llevaban años pidiendo que se actualizasen. «Nos llevan pagando las mismas tarifas desde el año 2011, nos han puesto una oferta a la baja, sin que los precios se vayan a actualizar durante los tres años del contrato y con unas exigencias que la ley no contempla pero que suponen más gastos», detalla el director de la Clínica Castrelos, de Vigo, el ginecólogo Elías García. «Nos ha subido todo una barbaridad, por ejemplo, los gases medicinales son ahora un 111 % más caros, pero las tarifas que nos ponen son las mismas; hemos tenido que despedir personal... con esos precios tendríamos que cerrar», añade la gerente de la Clínica Arce, de A Coruña, Carmen Veira.
La Consellería de Sanidade les iba a pagar 350 euros por cada aborto farmacológico (solo cuatro casos al año, según la estimación oficial) y 570 por el quirúrgico (801 al año). En Castrelos informan de que el precio de estas prestaciones para las mujeres que acuden como clientes particulares es de 450 y 680 euros, respectivamente. El farmacológico es la opción por defecto en las nueve primeras semanas. A partir de ahí, se opta por el instrumental.
Entre las condiciones que las clínicas critican está el deber de disponer de un psicólogo y un trabajador social de presencia física, sin una remuneración extra por este personal. Estos centros debían disponer también de un ginecólogo, un anestesista, una enfermera o matrona y una auxiliar. El contrato estaba valorado en 1,4 millones de euros en tres años, con dos prórrogas anuales. Pretendía contratar una clínica para dar servicio a las provincias de A Coruña y Lugo, y otra para Pontevedra y Ourense. De manera informal, ya funcionan de esta manera.
Porque en realidad, la sanidad gallega lleva años contratando a Arce y Castrelos para derivarles interrupciones del embarazo, pero no a través de un contrato formal, sino mediante un sistema que la ley reserva a cuestiones puntuales, que se llama autorización de uso. El Consello de Contas ha criticado el uso de este sistema en los contratos del Sergas con clínicas privadas y por eso lo está cambiando.
En el año 2021, los hospitales derivaron casos a Arce que generaron una factura de 497.000 euros (685.000 en el 2019, el año anterior a la pandemia de covid-19). En el caso de Castrelos la cifra es muy inferior, ya que el hospital de Vigo no deriva ninguna interrupción a la privada: fueron 64.000 euros en el 2021, y 50.000 dos ejercicios antes. Algunos pocos casos se derivan a la clínica madrileña Isadora, por valor de unos 5.000 euros al mes.
Las dos clínicas gallegas aseguran que no saben qué va a hacer ahora el Sergas. Las autorizaciones de uso están próximas a vencer. Una portavoz dice que la Consellería de Sanidade está estudiando «as propostas de continuación da prestación asistencial da interrupción voluntaria do embarazo, por parte da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, que se decidirá nun futuro», pero siempre manteniendo esa prestación en Galicia.