Víctimas de abusos piden que la Iglesia pague las compensaciones: «Tienen que pagar los obispos y no el contribuyente»

Las víctimas de abusos sexuales por curas o religiosos han reclamado que sea la Iglesia la que pague la compensación a su favor y no el Estado, como propone el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. «La factura de la reparación económica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente. La Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada», ha criticado el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, en declaraciones a Europa Press.

Tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Hurtado ha señalado que la investigación española en los casos de abusos en la Iglesia «ha sido un gatillazo y una decepción», al tiempo que ha destacado que es de una «calidad pésima» en comparación con la de otros países como Australia o Irlanda. «El legislador español sabía cuáles eran los modelos óptimos de buenas prácticas y ha escogido de forma consciente y deliberada hacer las cosas mal», ha asegurado.

En concreto, ha hecho referencia a que en España «no se ha investigado el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática», ya que, en sus palabras, «solo se han limitado a entrevistar a algunas víctimas, pero no han revisado los archivos canónicos o entrevistado a las instituciones donde sucedieron los hechos».

Sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre las que destacan la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas o celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica, Hurtado lamenta que «son insuficientes y descafeinadas», ya que «no se ha escuchado a las víctimas ni a los expertos internacionales».

En la misma línea, Miguel Barbero, padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, ha incidido en que «indudablemente» la Iglesia debe hacerse cargo del pago de compensaciones a favor de las víctimas. «Al final esto lo paga todo el mundo menos la Iglesia, al final vamos a pagar todos los españoles unas indemnizaciones que le tocaría a la Iglesia. ¿Por qué tienen que ser los españoles los que paguen los platos rotos por unos pederastas?», se ha preguntado.

Barbero, quien cree que ha habido una «falta de colaboración» de la Iglesia en la investigación, ha defendido que el Defensor del Pueblo, para llegar a las conclusiones y estimaciones de su informe, debería haber contado con la otra parte, que es la Iglesia, «y haberse hecho una investigación conjunta».

«Ahora vamos a entrar en una guerra de cifras y no va a ser serio. Ya solicitamos que se hiciera una Comisión de la Verdad, ya que si tienes de la mano a la propia Iglesia hubiera sido más sencillo», ha agregado en declaraciones a Europa Press.

PONER FIN AL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO Y LA IGLESIA

Aunque considera que el Defensor del Pueblo ha estado «muy acertado» en su informe y ha hecho un trabajo «muy exhaustivo», José Luis Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en Centros Religiosos de Navarra, ha echado en falta que haya sido «más duro» respecto al concordato que tiene el Estado con la Iglesia.

Así, ha abogado por que ese acuerdo «desaparezca» ya que, a su juicio, «sería la solución a muchas cosas» ya que es lo que ampara a la Iglesia «para que no se abran los expedientes». «Sin este acuerdo habría más claridad, más libertad a la hora de investigar y ver los archivos. Existiendo este concordato sólo la Iglesia puede tocar esos archivos», ha zanjado.

José Luis Pérez también se ha mostrado en contra de que «el pueblo tenga que pagar» la compensación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. «Es terrible que esto lo pague el pueblo y salga de los impuestos. Las consecuencias las tiene que pagar la Iglesia íntegramente porque es la que nos hizo el daño, la que no nos cuidó y fue dentro de la Iglesia donde nos violaron y nos destrozaron la vida», ha denunciado.

Sobre las cifras extraídas de la encuesta elaborada por el Defensor del Pueblo, que revela que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia, Pérez ha apuntado que «esto ya no es cuestión de números, es cuestión de gravedad».

«La Iglesia, a partir de hoy, tiene un trabajo enorme para hacer y espero que sigan con ello. Si a partir de hoy sigue callando sería un escándalo. No puede seguir en silencio», ha advertido.

20 RECOMENDACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS EN LA IGLESIA

Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, que ha estado «muy involucrado» en el informe del Defensor del Pueblo, ha valorado que el resultado de esta investigación «responde fundamentalmente al testimonio y reivindicaciones de un grupo de víctimas de abusos sexuales», por lo que las 20 recomendaciones que incluye «son propiamente de las víctimas».

«Creo que está bien, que es positivo, pero no es un fin en sí mismo, es un instrumento que se remitirá luego al Pleno del Congreso de los Diputados», ha explicado Cuatrecasas, que tiene la «esperanza» en que los grupos parlamentarios valoren estas medidas «y legislen en favor de los derechos de las víctimas».

El presidente de ANIR considera que estas peticiones no son «una limosna, son derechos». Entre las principales recomendaciones incluidas en el informe, Cuatrecasas considera más importantes que el Sistema Nacional de Salud implemente terapias gratuitas para todas las víctimas de abusos; que la Iglesia haga frente a las «carencias» que provoca la exclusión laboral y estudiantil de muchas víctimas; y que la Fiscalía actúe de oficio ante las «presiones y amenazas» que se ven sometidas algunas víctimas «por parte de sus pederastas y del entorno del pederasta».

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