El ministerio plantea la «autojustificación de las bajas de tres días» ante los picos de virus respiratorios
08 ene 2024 . Actualizado a las 18:43 h.Tensa reunión la de este lunes entre la ministra de Sanidad y los responsables de salud autonómicos que, incapaces de ponerse de acuerdo, retomarán el miércoles el debate sobre obligar —o no— a los ciudadanos a utilizar mascarilla en hospitales y centros de salud. En pleno pico de infecciones respiratorias, Mónica García convocó de forma extraordinaria a los consejeros del ramo para proponerles extender a todo el país la imposición del cubrebocas —de manera temporal y solo en determinados espacios—, una medida que ya han implementado en consultas y urgencias comunidades como Valencia, Cataluña, Murcia y Aragón, que comenzó requiriendo la mascarilla solo a los sanitarios y que ahora la exige también a los pacientes y, en salas de espera, a los acompañantes. Canarias y Asturias empezarán a reclamarla desde este martes, esta última también en farmacias.
Precisamente la ministra puso también este lunes sobre la mesa la posibilidad de recuperar la mascarilla en boticas e incluso en residencias de mayores, pero se encontró con la oposición frontal a la obligatoriedad de los gobiernos del País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Madrid, Andalucía, Cantabria, Baleares, Extremadura, La Rioja y Galicia, que prefieren la recomendación frente a la imposición. La mayoría de las comunidades se mostraron además molestas con una convocatoria que vieron apresurada — se les avisó el viernes sin reunir previamente a la Comisión de Salud ni a la Ponencia de Alertas— y que, creen, llegó tarde.
«Enfado generalizado»
«Se ha percibido un enfado generalizado» entre todos los ejecutivos, «de todos los colores políticos», valoró tras la cita la consejera de Salud de La Rioja, María Martín. Porque no solo quienes no coinciden con el criterio del ministerio juzgaron con dureza el fondo y la forma del consejo de este lunes. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), que ya impuso la mascarilla la semana pasada, cree que el Gobierno reacciona a destiempo «y mal» con su propuesta. «Si no fuera un asunto serio, que nos pidan un plan de contingencia a punto de llegar al pico [de infecciones] parecería una broma», dijo. Aunque admitió que echa en falta una «mayor coordinación», censuró que con reuniones como esta, «no».
También el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, reprochó a la ministra que no hubiese informado con anterioridad a las comunidades sobre el orden del día que, sin embargo, Mónica García sí detalló en una entrevista radiofónica a primera hora de la mañana. Según Fernández-Pacheco no se les remitió previamente documento alguno con las medidas que iban a ser planteadas; la consejera andaluza —dijo— recibió la propuesta en pleno comité. Consideró además que la obligatoriedad de las mascarillas debe adoptarse en base a «criterios técnicos y objetivos» que, en su opinión, en este momento «no existen». Coinciden desde el departamento de Salud vasco: «En la reunión, el ministerio no aportó evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas propuestas ni informe alguno para sustentarlas». Porque la mascarilla no fue el único tema de conversación del interterritorial: la titular de Sanidad comunicó a las comunidades que, para evitar el colapso de los centros de salud, está estudiando con otros ministerios la posibilidad de «autojustificar» una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad.
Bajas «autojustificadas»
Se trataría de una autodeclaración responsable, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social, que, según la ministra, supondría el «ahorro potencial de cientos de miles de consultas y recogería una petición histórica de los profesionales de atención primaria». Es una medida ya implantada en países como Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia que, en opinión de los médicos de familia, reduciría un 20 % las visitas al centro de salud.
Comesaña ve «desproporcionado» obligar a todo el mundo
También el conselleiro gallego de Sanidade, Julio García Comesaña, cargó este lunes contra el carácter «apresurado» de la convocatoria del consejo y el proceder de Mónica García, que comentó los temas a abordar «fuera» del propio órgano [en una entrevista] y sin convocar primero ni a la Ponencia de Alertas ni a la Comisión de Salud Pública. Para la Xunta, recuperar la mascarilla obligatoria de manera generalizada en centros de salud y hospitales resulta una medida «desproporcionada». No se opone a que se implante donde sea necesaria, pero no todos los territorios tienen la misma incidencia de infecciones respiratorias, defiende. Galicia, dijo Comesaña, está si no en el pico, muy cerca de él, puede que incluso lo haya superado ya, comentó, dado que la positividad de la gripe continúa en descenso y ya está en el 30 %. Los hospitales gallegos activaron hace semanas sus planes de contingencia, la recomendación del cubrebocas en centros sanitarios se mantiene desde hace ya 11 días y la campaña de vacunación fue ampliada hasta este viernes, 12 de enero.
Sobre las «autobajas», el conselleiro consideró que es un asunto «muy delicado» que requiere el concurso de otros agentes, como la Seguridad Social. «Las improvisaciones no ayudan», advirtió en línea con lo expresado por otros mandatarios del PP, como el presidente murciano, Fernando López Miras, que calificó de «ocurrencia» la propuesta de Sanidad. También la jefa del gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recriminó al ministerio su inacción, censurando que ahora intente «llamar la atención para demostrar quién manda y quién está ahí».