Los obispos aprueban por unanimidad su plan de reparación por los abusos

Nicolás Pose REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

El presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego (izquierda), y el presidente de la CEE, Luis Javier Argüello (derecha).
El presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego (izquierda), y el presidente de la CEE, Luis Javier Argüello (derecha). Borja Sánchez-Trillo | EFE

La Conferencia Episcopal pide perdón a las víctimas y creará una comisión asesora para tratar cada caso

09 jul 2024 . Actualizado a las 18:29 h.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), en una asamblea extraordinaria, ha aprobado su Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales (Priva).

Con un total de 68 votos a favor de los 69 obispos presentes —hubo una abstención por uno de los documentos aprobados— se dio luz verde para que «la Iglesia en su conjunto de un paso grande en España», como afirmaba el presidente de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, ha querido pedir perdón a las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia y ha pedido respeto a la institución para ofrecer «una leal colaboración para abordar una problemática que sintiendo nosotros propia, sabemos que es un problema de nuestra sociedad y queremos arrimar el hombro para avanzar juntos en lo que constituye este drama», asegurando que los obispos tienen «conciencia viva del dolor causado por algunos miembros de la comunidad eclesial» y que este es un paso para continuar trabajando en un camino «permanente de aprendizaje» para abordar de la mejor los casos de abuso.

En concreto, en la asamblea extraordinaria se han aprobado tres documentos diferentes: el Priva, las líneas de trabajo para llevar a cabo las reparaciones y unos criterios orientadores comunes de actuación. Además, se constituirá una comisión asesora, formada por 10 miembros profesionales del mundo del derecho, psicología y psiquiatría cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico y un representante de la CEE y otro de la Confer (algunos con relación previa con asociaciones de víctimas, según la CEE). Tiene la posibilidad, también, de convocar a un representante de las víctimas.

La comisión trabajará con la información de casos ya conocidos para «evitar revictimizar, porque es una de las insistencias de las asociaciones», dijeron los responsables eclesiásticos, y evaluará cada caso de manera individual para supervisar el proceso de reparación, estableciendo un diálogo continuo con cada diócesis o con las víctimas.

Según explica la CEE, la comisión elaborará un informe con todos los casos y creará un baremo de los daños y perjuicios padecidos para determinar la reparación adecuada en cada caso.

Argüello ha matizado que el plan se enfoca, sobre todo, en casos ya prescritos. Se trataría, según palabras de Argüello, de un «plan subsidiario cuando se han acabado las vías jurídicas» para responder a cualquier denuncia, ya que, aunque «siguen existiendo aunque han sido menores», muchos de los casos ha terminado su camino legal bien por el tiempo transcurrido o porque el abusador ha fallecido.

Además de la reparación económica y la comisión asesora, se reforzará la formación tanto en el personal eclesiástico como en los centros religiosos para prevenir y detectar nuevos casos, creando protocolos adecuados. También se le dará asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas de ser necesario.

El presidente de Confer, Jesús Díaz, afirmó que: «El objetivo son las víctimas, ellas son el centro de nuestro trabajo, de nuestro discernimiento, de nuestro apoyo y acompañamiento» y que siguen trabajando. «Aún queda mucho por hacer, pero partimos de una base muy desarrollada y muy vivida en comunión», respondió.

El nuncio Bernardito Auza, presente en la asamblea, agradeció en nombre del papa Francisco el trabajo de la Iglesia española en una de las «cuestiones más importantes, delicadas y más dolorosas» para la Iglesia en general y de «vital importancia para la vida de la Iglesia local».

Una obligación moral

El Priva no es de obligado cumplimiento. Aceptar las medidas es decisión de cada obispo. «El presidente de la conferencia no es el jefe de los obispos», sentenciaba Argüello.

Sin embargo, por la amplia aceptación en la asamblea y como «obligación moral», desde la CEE y Confer confían en que no haya ningún problema. Además, dicen, si una diócesis se negase a dar una indemnización, el órgano superior intentará asumir esa respuesta no adecuada. «Hay una puerta común abierta si se encuentra con una puerta particular cerrada», aseguraban los responsables.

Argüello: «Sí, hemos sido unilaterales, hemos dado un paso al que no estamos obligados jurídicamente»

El ministro Bolaños durante su reunión con representantes de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
El ministro Bolaños durante su reunión con representantes de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Moncloa / Raúl Salgado | Europa Press

En la víspera de esta reunión, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió con asociaciones de víctimas para conocer sus reivindicaciones y criticó a la Iglesia por no contar con esas voces en el establecimiento de su plan.

El ministro incluso envió una carta a Luis Argüello para recriminarle el hecho de tomar «decisiones por su cuenta», causando malestar en la cúpula eclesial. En la asamblea extraordinaria, la Conferencia Episcopal había invitado a las asociaciones, aunque ninguna se presentó.

En la reunión con Bolaños, varios representantes denunciaron que no se ha contado con ellos para la elaboración del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales.

El presidente de la CEE ha respondido que: «Me he permitido convertir un reproche en un elogio. Sí, hemos sido unilaterales, hemos dado un paso al que no estamos obligados jurídicamente» y recuerda que «es una decisión libre que responde a una obligación moral».

Durante la elaboración del plan de la Iglesia, Argüello asegura que han contado con múltiples asociaciones para redactar el documento. Además, recuerda que «el Gobierno de un Estado democrático debe respetar las reglas del juego», defendiendo el «derecho y deber» de una institución como la Iglesia «de organizarse y responder a lo que considera sus obligaciones».

Argüello extiende la mano al Gobierno para compartir el plan y llegar a un entendimiento. El responsable de los obispos pide al Ejecutivo que piense «en todas las víctimas», no solo en las que ocurren en el seno de la Iglesia, y les acusa de tener una «mirada parcial y sesgada» con la que «difícilmente se pueden llegar a acuerdos».