Órdenes de alejamiento virtual y acabar con el anonimato en redes, las propuestas del fiscal que persigue los delitos de odio

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La Fiscalía está estudiando los mensajes «falsos» y de «odio» que circulan por las redes sociales en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente menores

21 ago 2024 . Actualizado a las 13:47 h.

El fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, cree que el código penal debería ser reformado para obligar a los condenados por cometer delitos de odio en las redes sociales a mantenerse un tiempo alejados de ellas; también, para acabar con el anonimato. En su opinión, todos los usuarios tendrían que estar identificados. «Muchas veces la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor», ha señalado este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser.

Precisamente este martes la Fiscalía anunció que está estudiando los mensajes «falsos» y de «odio» que circulan por las redes sociales en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente menores, tras el asesinato el pasado fin de semana de Mateo, un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). «Hay que ver que los hechos tengan cierta entidad, la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo, y hay que ver el contexto», ha explicado.

La investigación está aún en fase inicial, pero cuando se tengan los informes policiales serán remitidos a la Fiscalía «y se hará la valoración jurídico-penal», ha dicho. Aguilar ha advertido de que cada día hay agresiones en las calles hacia personas por este tipo de motivaciones y ha incidido sobre la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos, así como las informaciones falsas que buscan «señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo» hacia ellos.

Además de sus propuestas, el fiscal ha pedido la implicación de otros estamentos para «educar y prevenir» y desarrollar medidas para combatir el odio porque cree que es peligroso dejarlo todo a la ley. A su juicio, aunque hay límites administrativos y penales, la ley «no puede acotar qué se puede publicar y qué no, es peligroso para nuestra democracia».