El Seprona los acusa de un delito de maltrato animal y propone para sanción, por obstrucción a la investigación, a la empresa encargada de los sistemas de videovigilancia del lugar de los hechos
20 mar 2025 . Actualizado a las 13:16 h.El caso de los jóvenes de La Rioja que utilizaron una gallina como balón de fútbol el pasado mes de agosto crece. Ahora, además de a los dos primeros implicados, un chico y una chica de 17 y 18 años respectivamente, se suman otros 39 jóvenes más que la Guardia Civil ha identificado como implicados en este presunto delito de maltrato animal.
La investigación desarrollada en los últimos meses por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) comenzó tras el descubrimiento del los hechos, ocurridos en el marco de las fiestas de Villamediana de Iregua, donde varios jóvenes grabaron y difundieron en redes sociales un vídeo en el que se les veía utilizar gallinas como balones de fútbol mientras una multitud de adolescentes festejaba, aplaudía y reía la acción. Los agentes pudieron identificar en un primer momento a los dos jóvenes que aparecían en la grabación.
Ahora, tras meses de pesquisas, la Guardia Civil ha podido localizar también a 39 jóvenes más, de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 17 y 20 años, de nacionalidad española y residentes en el cinturón metropolitano de Logroño, a los que se les ha propuesto una sanción por infracción grave de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Las multas oscilan entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que si se considerase muy grave ascendería por encima de los 50.001 euros.
Además, el Seprona ha propuesto para sanción a la empresa encargada de los sistemas de videovigilancia en el lugar de los hechos, a la que acusan de obstruir la investigación al no proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, así como para la ejecución de sanciones penales o la protección frente a amenazas contra la seguridad pública.
Los agentes los consideran autores de una infracción muy grave e la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Como resultado, se enfrenta a una sanción que oscila entre 360.001 y 1.000.000 de euros.