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Medio centenar de entidades piden la reapertura de los mercados agrarios

Somos Agro REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS AGRO

miguel souto

Reclaman a Medio Rural que autorice estas ferias a partir del 31 de marzo implementando las necesarias medidas de seguridad

28 mar 2020 . Actualizado a las 11:07 h.

Más de cuarenta organizaciones gallegas de diversos ámbitos han hecho público un manifiesto en el que piden la reapertura de los mercados alimentarios de proximidad como garantes de la seguridad alimentaria de Galicia. Unas citas que fueron prohibidas por la Xunta, por lo menos, hasta el próximo 31 de marzo. El documento fue firmado por sindicatos agrarios, como el SLG; Fruga o la CIG, organizaciones ecologistas como Adega, Amigos da Terra, Greenpeace o MEL; y por una decena de entidades investigadoras vinculadas a las universidades de Santiago y Vigo, así como por centros sociales, agrupaciones de consumo y agrícolas.

En el escrito reclaman a la Consellería do Medio Rural que, en colaboración con los concellos, haga lo posible para que a partir del 31 de marzo puedan volver a autorizarse los mercados alimentarios. Eso sí, «preocupandose de que dispoñan dos medios materiais e humanos necesarios para organizar e aplicar correctamente todos os protocolos de seguridade».

El documento recoge la consternación de los agricultores ante lo que consideran una discriminación en favor de las grandes superficies. También aseguran estar perplejos por la diferencia de criterios que existe entre las comunidades autónomas, pues algunas permiten estos mercados y otras las prohíben. Y están convencidos de que «os nosos alimentos e mercados son máis seguros nas actuais circunstancias por celebrarse ao aire libre ou en espazos amplos como prazas de abastos». Y es que sus productos no pasan por intermediarios.

Por otro lado, los firmantes del manifiesto aseguran que la ausencia de estos mercados los deja en situación de indefensión, pues se les priva de ejercer su actividad sin ninguna compensación a cambio. En este sentido, piden medidas como la comprar pública de alimentos por parte de las administraciones para que los servicios sociales los incluyan en la cesta de alimentos a las familias que lo precisen.