Los consellos reguladores no creen que las medidas por el covid-19 sean aplicables
12 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El plan del Ministerio de Agricultura para ayudar a viticultores y bodegueros tras la crisis del Covi-19 ha logrado poner de acuerdo al sector vitícola gallego. Consellos reguladores y Medio Rural coinciden en que los 90 millones previstos en ese documento tendrán «nula ou escasa incidencia» en la comunidad. Son palabras del conselleiro de Medio Rural, José González, quien lamentó que este documento no tenga en cuenta las especiales características del sector gallego. Pero podría firmarlas cualquier presidente de uno de los cinco consellos reguladores. «Non van solucionar nada», aseguran en Valdeorras. «Son unha tomadura de pelo», reiteran en Ribeira Sacra. «Dudo que sexan aplicables en Galicia», confirman en O Ribeiro.
«Unha vez máis, o Goberno español deseñou unhas axudas sen ter en conta as especificidades dos nosos adegueiros e viticultores», asegura González. El conselleiro considera que sería preciso que este tipo de decisiones se consensuaran previamente con las comunidades autónomas, con el fin de poder adecuarlas a las características de cada territorio. E insistió también en que el reparto de fondos no se realice conforme a criterios uniformes, pues lo que puede favorecer a una comunidad puede perjudicar a otra. Así sucede con el vino, en opinión de Medio Rural. Los criterios aplicados por Madrid no sirven para el sector gallego, insiste González, quien calcula que Galicia podría beneficiarse, como mucho, de una ayuda de 300.000 euros de un total de 90 millones de euros. Algo muy grave si se tiene en cuenta que el sector de las denominaciones de origen de la comunidad genera un 6 % del valor añadido de estas producciones a nivel nacional, lo que supone más de cinco millones de euros.
El conselleiro tiene claro que «estas son medidas pensadas para viños con pouco valor engadido, que poden beneficiar a outras comunidades, pero non a Galicia». Es el caso de las subvenciones para destilación. «Os viños galegos con denominación de orixe teñen un posicionamento de prezo no mercado de tipo medio, o que invalida esta iniciativa», explica Medio Rural.
González le reclamó al Gobierno que rectifique y le recordó que con estas políticas deja desprotegido a un sector que da de comer a 13.400 viticultores y 479 bodegas en Galicia.
Los consellos reguladores no ven una solución real
«Temos moitas dúbidas de que estas medidas poidan aplicarse en Galicia», explica Juan Manuel Casares, presidente del consello regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Pero lo que más le molesta es que «se usurpe a soberanía do pleno» para obligar a reducir los rendimientos por hectárea. Explica que este consello regulador ya tomó todas las medidas que podía, dentro de sus competencias, para tratar de paliar las consecuencias del covid-19 y por ello le pide a las administraciones un plan especial para el sector gallego. «Voto de menos solucións reais para O Ribeiro e non me gustan as imposicións», concluye Casares.
«Non vai solucionar nada en Galicia», afirma José Luis García Pando, presidente de Valdeorras. No le ve aplicación ninguna a la cosecha en verde, que obliga a tirar toda la parcela, o al almacenamiento privado, más pensado para grandes bodegas que para las pequeñas. «É unha tomadura de pelo», añade José Manuel Rodríguez, presidente de la Ribeira Sacra, quien destaca que estas son medidas pensadas para «Castilla-La Mancha, Extremadura ou Cataluña». Echa de menos medidas para promocionar el consumo de vino y está sorprendido de que se obligue a reducir los rendimientos por hectárea.
Tampoco en Monterrei ha gustado el plan de Agricultura. «Non son medidas que se acorden moito do sector dos viños de calidade», explica Lara Da Silva, presidenta del consello. También se muestra preocupada por el artículo 37. «Se fala moito de que os viticultores son a base do noso sector e cando se poñen as cousas feas, son os primeiros que castigamos», lamenta. Y recuerda que, al legislar, «hai que facelo con rigurosidade»,