Unións Agrarias denuncia ante la AICA a dos industrias por intentar modificar unilateralmente contratos de la leche
SOMOS AGRO
La formación asegura que no existe razón alguna en los mercados que justifique una bajada de precios y aconseja a los ganaderos que no firmen el cambio en los acuerdos porque es ilegal. Las compañías aludidas se defienden.
08 jul 2020 . Actualizado a las 21:00 h.Las prácticas de determinadas industrias lácteas no terminan de convencer a los responsables de Unións Agrarias, que esta misma semana han decidido presentar ante la Agencia de Calidad y Control Alimentario (AICA) una denuncia contra las medidas anunciadas por dos de ellas: Lactalis e Inleit. La formación denuncia que ambas industrias han anunciado a sus ganaderos la modificación unilateral de contratos que todavía estaban en vigor y que supondrán una rebaja en el precio que perciben por la leche. Prácticas que, añade el sindicato, está prohibidas. Sostiene que tal y como está el mercado actualmente no existe motivo alguno para rebajar la cuantía que los productores gallegos perciben por sus productos. Desde las dos industrias aludidas no tardaron en responder. Lactalis explica que cumple con lo que marca la ley, mientras que desde Inleit dicen que no han roto ningún contrato.
En los cuatro primeros meses del año, Galicia produjo más leche de lo habitual, «de acordo coa demanda que este produto estaba tendo nos mercados», explica Óscar Pose, responsable de Servizos del sindicato. Y es que el consumo de productos lácteos se incrementó mucho en toda España. No sucedió lo mismo con los productos industriales, como la mantequilla o la leche en polvo. «Durante os meses de maio e xuño houbo unha caída importante nos prezos destes productos, pero nas últimas semanas se están recuperando», añade Pose. Lo que también detectaron fue un incremento de las importaciones de leche líquida, «leite en cisternas doutros países que, só en abril, incrementouse nun 211 % », argumenta. Considera que estas llegadas de leche masiva a precios más bajos están detrás de determinados comportamientos que está mostrando la industria láctea.
Unións Agrarias sostiene que «non existen razóns de mercado que xustifiquen as propostas que están facendo determinadas industrias de baixar os prezos do leite aos produtores». Y es que argumenta que el coste de la leche en Galicia no tiene que estar ligado al de los productos industriales. Por eso no entiende por qué determinadas industrias «pretenden, de xeito unilateral, modificar os contratos». Es el caso de Lactalis que, «alegando a modificación da lei da cadea di que o índice de referencia que ten do Fega é ilegal e aproveita para baixar o prezo»argumenta. Algo que, afirma el sindicato «é totalmente ilegal». Desde Lactalis alegan que el uso de ese índice tiene vigencia hasta agosto y, de hecho añaden que cuando la organización agraria denunció el modelo de contrato ante la Aica, el organismo fiscalizador no estimó sanción contra Lactalis.
Tampoco se libra de sus críticas Inleit «que de forma unilateral pretende romper os contratos que ten cos produtores, algo que a lei non permite». La formación argumenta que la actual normativa no permite modificar los precios de los contratos de forma unilateral, ni establecer una bajada de los mismos, ni introducir variaciones en los precios, que es lo que está proponiendo a los ganaderos gallegos esta industria que, además, ofrece contratos de tres meses de duración. Por otro lado, cualquier oferta de modificación debe llegar con dos meses de antelación, mientras que a los ganadores gallegos se les está comunicando ahora y con la intención de aplicarla desde el pasado 1 de julio.
La formación lamenta estas prácticas, que ha denunciado ante la AICA, y argumenta que «estas non son as industrias que queremos para o sector lácteo galego. queremos industrias serias, que poidan apostar por un sector que está sendo competitivo e un referente en Europa». Por eso piden a los ganaderos que rechacen firmar todas estas modificaciones y exigen la retirada de estas propuestas. Reclaman, además, a las administraciones que tomen cartas en el asunto contra estas prácticas «mafiosas».