El Gobierno gallego aprueba la tramitación de una ley para poner la tierra abandonada a disposición de quienes la quieran trabajar
SOMOS AGRO
Incide en la activación de parcelas en desuso o sin propietario localizado para darles mayor dimensión a las explotaciones o dar acceso a ellas a quienes quieran emprender en el campo
10 dic 2020 . Actualizado a las 11:50 h.El Gobierno gallego ha aprobado la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, que entrará en el Parlamento en las próximas semanas bajo una propuesta del grupo mayoritario del PPdeG, lo que permitirá que entre en vigor en el primer cuatrimestre del 2021.
El objetivo es «ambicioso», según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, porque el nuevo texto legal impulsado por la Consellería de Medio Rural ataca tres problemas históricos del campo gallego: el minifundismo, el abandono de suelo agrario y la falta de relevo generacional en explotaciones activas y rentables. Promover la productividad de terrenos y ponerlos a disposición de aquellos que sí las quieren trabajar, bien sea con fines agrarios, ganaderos o forestales, tendrá ahora respaldo legal, pero su efectividad dependerá de la buena voluntad de los propietarios y interesados, que tendrán varias figuras a las que acogerse para poder acordar el alquiler o la venta de terrenos que permitan dimensionar una explotación.
Según explicó el conselleiro de Medio Rural, José González, la Lei permitirá localizar zonas agrarias, activas o inactivas, y aplicar sobre ellas tres mecanismos de actuación «voluntaria», remarcó: los polígonos agroforestais, las aldeas modelo, y las agrupaciones de gestión conjunta.
Los polígonos agroforestales requerirán para su activación mayorías cualificadas de propietarios del 70 %, y busca la productividad de terrenos modificando su estructura siempre para darles mayor dimensión a través de la venta o el alquiler, con un tamaño mínimo para cada tipo de cultivo o actividad. El propietario inactivo siempre recibiría alguna compensación por poner a disposición las tierras. En el caso de las aldeas modelo, un proyecto que ya está funcionando en algunos concellos gallegos, no se tocan los marcos de las propiedades, normalmente en el entorno de núcleos rurales.
La clave en este caso es implantar actividades agroganaderas en los perímetros de población para dinamizarlos y protegerlos del fuego, y, a cambio, los propietarios de esas tierras en desuso no tienen que pagar por los desbroces anuales, a los ahora están obligados también por ley. Por último, se incentivarán las agrupaciones de gestión conjunta, que tampoco supondrán modificar el tamaño de las propiedades pero que buscará que se pueda desarrollar una explotación única.
La iniciativa autonómica, que se divulgará en las próximas semanas bajo el lema «Recuperar é de Lei», despliega toda una normativa para darle seguridad jurídica a estas acciones, y vendrá acompañada por una ampliación de las bonificaciones impositivas para actividades en el medio rural. De hecho, se complementa con una solicitud al Gobierno de España para que asuma también rebajas en vías de recaudación como el IRPF o el impuesto de sociedades para los que se acojan a estas modalidades de explotación, por entender que ayudará a cumplir objetivos globales como el anclaje de población en zonas desfavorecidas demográficamente o a nivel medioambiental, por su incidencia en la limitación de los incendios forestales.
En materia de competencias, la nueva Lei también pisa otro jardín estatal, el de la localización de propietarios. El Banco de Terras autonómico asume ahora esa iniciativa para poder activar los mecanismos señalados a través de la intermediación. La Xunta o el Estado «en ningún caso» van a expropiar o se van a quedar con la titularidad de terrenos, o al menos ese no es el fin último. Si durante el proceso aparece el propietario, se le invitará a participar voluntariamente en estas fórmulas, y si se desconoce, se inscribirá la propiedad en el Banco de Terras «para cederllas ao que as queira», explicó González, quien también animó a los dueños de terrenos a promover estas mismas acciones sin necesidad de intervención pública.
La Lei tomó como base las aportaciones de expertos y profesionales y estudiosos del campo que participaron en la comisión parlamentaria promovida tras los incendios del 2017, cuyas conclusiones dirigió el propio González cuando todavía no era conselleiro.
