Urgen una norma que penalice la venta a pérdidas y una mesa de ganadería en Madrid
20 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Un ganadero, entrado en años, aguardaba ayer por la mañana a que dieran las doce ante de la Delegación del Gobierno de A Coruña. Esa fue la hora a la que, junto a otros compañeros de Viana do Bolo, en el interior de Ourense, comenzó a golpear su sacho con un martillo para interpretar un folión con el que animar a los ganaderos (300, según la policía local y 550, según los convocantes) que, reunidos por Unións Agrarias, reclamaron al Gobierno central más poder para negociar los precios de la leche, la carne, la castaña, el vino...
Y también clamaron por una ley que penalice con sanciones a aquellos que compran productos del campo por debajo de los costes de producción, un observatorio de precios que recoja las especificidades de la comunidad, un real decreto que extienda la fórmula que recoge el Paquete Lácteo para negociar la tarifa de la leche a otros productos del sector primario, y que el Ejecutivo cree una mesa de negociación de ganadería en Madrid. Quieren, en definitiva, el mismo trato que están teniendo a la hora de dialogar los olivareros o los agricultores de Levante.
«En Xinzo —explicó el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García— páganse 12 céntimos por un kilo de patacas, mentres que en A Coruña esas mesmas patacas cústanlle ao consumidor 1,21 euros». Por eso, los ganaderos reivindican poder para fijar los precios de sus productos. «Teñen que poñerse de abaixo para arriba e non ao revés. Recoller os custes máis unha marxe de beneficio, un salario como o de calquer traballador», recordaron. No olvidaron apuntar que, según los datos del ministerio, producir un litro de leche cuesta 32,5 céntimos, pero el precio base que están ofreciendo algunas empresas lácteas es de 29,5.
«Estamos orgullosos do noso traballo. Pedimos poder vivir del libremente sen depender de ninguén»
Sus reivindicaciones obtuvieron una rápida respuesta de la Administración. Desde Medio Rural, además de defender que los precios han de construirse a partir de los costes de producción más un margen de beneficio, anunciaron que trabajarán con un observatorio que permitirá determinar los costes de producción por rango de explotación láctea. Y también el delegado del Gobierno, Javier Losada, se comprometió a poner sobre la mesa del Ejecutivo las especificidades del campo gallego. «Porque os custes de produción dun kilo de uva na Ribeira Sacra nada teñen que ver cos de Castela-La Mancha», apuntó García.
«Non pode ser que o kilo de pataca roxa se nos pague a catro céntimos e despois se vexa nas tendas a 90»
Y mientras en Galicia, en una manifestación sin tractores, retumbaban estas demandas en medio del folión, en Pamplona se encomendaron a San Fermín, y en Granada una multitudinaria tractorada provocaba importantes retenciones en las autovías A-92 y A-44. «Necesitamos medidas urgentes, estamos cansados de palabras balsámicas», apuntó el secretario provincial de UPA, Nicolás Chica.
Porque allí, en el sur, donde el techo de 100.000 euros por explotación que pretende poner Bruselas a las ayudas directas de la PAC afecta a muchos más agricultores que en Galicia, fueron bastante más duros con el Gobierno: «Hay que dar más trigo y predicar menos» fue uno de sus lemas. Hasta lograr hechos, parece que sus protestas no van a remitir. El sector olivarero anunció un mes de marzo caliente y han convocado una marcha en Madrid. Ante esta oleada de protestas que no cesa, como informa Colpisa, el Gobierno trata de apaciguar los ánimos del sector anunciando medidas que no terminan de contentar a las organizaciones agrarias, sobre todo porque no se plasman en una ley.
Yolanda Díaz: «Que aprieten. Tienen razón»
Al igual que había hecho el día anterior el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomó posiciones ayer del lado de los agricultores. ¿Cómo? Animándolos a que «aprieten para defender sus derechos. Tienen razón». La titular de Trabajo, como recoge Efe, realizó estas declaraciones antes del pleno del Congreso, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el apoyo dado el martes por Iglesias a los agricultores, al animarles, según dijeron los representantes de las organizaciones agrarias, a «seguir apretando». Sobre esa misma cuestión también fue interrogada la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien se limitó a responder: «No me haga esa pregunta, que me da risa».
Con su respaldo a los agricultores, parece que el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Trabajo tratan de acortar la brecha abierta con el sector el viernes pasado, cuando los representantes de Asaja, UPA y COAG fueron apeados en el último momento de la convocatoria de una reunión con UGT y CC.OO. para tratar el problema del empleo en el sector. La buena intención la acompañó ayer Díaz con otra oferta: estudiar transformar los contratos de los temporeros, que son eventuales, en fijos-discontinuos, lo que les otorgaría más derechos, por ejemplo, a la hora de devengar prestaciones. Pero, al menos, en Andalucía no lo han logrado.
El secretario provincial de Asaja en Granada, Manuel del Pino, de hecho criticó las dos únicas medidas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo para resolver el conflicto del campo: la reducción de peonadas de 35 a 20, junto con el endurecimiento de la inspección de trabajo a las empresas agrarias. Sobre la primera dijo que no beneficia a los empresarios ni a los agricultores, que son los que se manifiestan. Sobre la segunda aseguró que pone «en el disparadero» al sector: «Ni somos defraudadores ni somos pedigüeños». En esa misma línea se pronunciaron también Fulgencio Torres, presidente de las cooperativas de Granada, y Enrique Delgado, de Infaoliva.
Pero las protestas del campo se han convertido en un tema tan transversal que hasta sobre ellas se ha pronunciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien dijo compartir la «inquietud» por los bajos precios del sector agrícola: «Hay que empezar a intervenir para que efectivamente no pueda haber esos niveles de precio de incertidumbre».
