Medidas para compensar al campo por la sequía: Desde una reducción del 20 % en los módulos del IRPF a fijar un precio para el agua desalada
AGRICULTURA
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que recoge apoyos en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico que implican a seis ministerios
16 mar 2022 . Actualizado a las 09:54 h.El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas urgentes para compensar a los agricultores afectados por la sequía en España, un problema que tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como su homóloga portuguesa, María do Céu Antunes, trasladaron ya en su día a las autoridades comunitarias.
Los apoyos, recogidos en un real decreto-ley que toca desde el ámbito fiscal al laboral, financiero e hidráulico, implican a media docena de ministerios (Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y suponen unos 450 millones de euros. La idea, como dijo Luis Planas, es que «contribuyan al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos». Estas son las principales medidas:
Medidas fiscales
El Consejo de Ministros ha aprobado la reducción del 20 % en el rendimiento neto para las actividades agrícolas o ganaderas que tributan en el IRPF por el método de estimación objetiva, popularmente conocido como módulos. Según el Ministerio de Agricultura, esta bonificación podría favorecer a unos 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros. Además han aprobado que productores que reúnan una seria de condiciones queden exentos del pago de las cuotas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.
Para contribuir a la financiación de las explotaciones agrarias, el Gobierno pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras. Para ello se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.
En cuanto a la financiación de avales en granjas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Además, el Gobierno aumentará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados. La cantidad que aumentará será, según Agricultura, «la que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación». A través de ese mismo ministerio, solicitará a Bruselas los anticipos de las ayudas de la política agraria común (PAC) y la flexibilización a la hora de aplicar las condiciones para poder percibirlas.
Medidas laborales
Entre otras cosas, el real decreto permite a empresas que estén en el régimen especial agrario y a los autónomos que estén en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA) realizar aplazamientos especiales como el de las cuotas a la Seguridad Social con un interés muy reducido del 0,5 %, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, según avanzó el ministerio, los períodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo del 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura. La razón es que ambas comunidades son los territorios más afectados por la sequía, ya que las reservas almacenadas en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana apenas alcanzan el 30 %.
Además, el real decreto-ley permite equiparar la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, «a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria». Por otro lado los trabajadores con contrato fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en Andalucía y Extremadura, «cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso».
Agua desalada
Para poder disponer de recursos de agua desalada en este momento crítico y no perder una parte importante de la producción del regadío del sureste español, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) establece unas tarifas asumibles por los usuarios del regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.Además actúan sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 euros /m3, en toma de riego y con el coste del agua en la conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unos precios por m3 de 0,295 euros en toma de postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.
También van a adoptarse medidas urgentes para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). Entre estas medidas destaca la reducción de entre el 50 % y el 100 % de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.
