Galicia realizó 250 controles sobre la Ley de la cadena, pero no impuso ninguna sanción
AGRICULTURA
La Consellería do Medio Rural estrenó su actividad inspectora centrándose en los sectores cárnico y lácteo
11 abr 2023 . Actualizado a las 10:01 h.Ya no se puede vender por debajo de los costes de producción, ni sin la presencia de un contrato que regule esa relación comercial, ni incumplir los plazos de pago. Estas son solo algunas de las obligaciones que impuso la entrada en vigor de la revisión de la conocida como Ley de la cadena, que regula las relaciones comerciales entre los productores agroganaderos y la industria y la distribución. Hasta el año pasado, era la Agencia de Información y Control Alimentarios, más conocida como AICA, la que velaba por el cumplimiento de esta norma. Pero hace ahora un año se creó el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución, que concede a las comunidades autónomas competencias también en esta cuestión. Galicia se ha estrenado en esta materia con cerca de 250 controles e inspecciones y ninguna sanción.
Según el primer informe publicado por la AICA sobre la actividad fiscalizadora llevada a cabo por las comunidades autónomas, esta realizaron un total de 549 inspecciones de oficio y controlaron de oficio 2.029 relaciones comerciales. Ente las regiones con más actividad destacan Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Pero también Galicia. Aquí se llevaron a cabo solo quince inspecciones de oficio, cinco en el sector lácteo y diez en el cárnico, pero se controlaron otras 232 relaciones comerciales, 32 entre productores de leche cruda y las 200 entre los ganaderos de carne.
Cataluña y Navarra fueron, con mucha diferencia, las comunidades que más sanciones impusieron por el incumplimiento de esta ley. En Galicia, como en otras muchas regiones españolas, no hubo ninguna en cambio. Buena parte de estas multas, más de un centenar, fueron para la industria alimentaria, mientras que 16 se impusieron a la distribución minorista y otras tres a la mayorista. Galicia sí recibió, en cambio, dos denuncias relacionadas con el sector avícola y el lácteo.
Actividad de la AICA
A pesar de la habilitación de las comunidades autónomas como Autoridades de Ejecución, lo cierto es que gran parte de la actividad inspectora y sancionadora sigue recayendo en la AICA. Según el informe de actividad del pasado año, esta entidad realizó entonces 929 controles y revisó 1.487 relaciones comerciales. También recibió un total de 78 denuncias, de las que solo 23 cumplían todos los requisitos para ser investigadas, pues el resto eran solo indicios, eran competencia de las comunidades o no tenían que ver con la Ley de la cadena. La mayoría de esta demandas estuvieron relacionadas con el sector de las frutas y hortalizas (15), pero también se recibieron tres del sector lácteo, dos del vitivinícola, una del aceite de oliva, otra de la aceituna y otra de frutos secos.
Como resultado de todas las investigaciones llevadas a cabo, la AICA puso en marcha un total de 272 expedientes sancionadores. Y ¿cuáles son los sectores en los que más se está incumpliendo actualmente la normativa según la actividad de esta agencia? Pues el de las frutas y hortalizas encabeza esta lista, con más de un centenar de sanciones, la mitad de ellas, relacionadas con el cultivo de la patata y, una cuarta parte, con las frutas de hueso.
La vitícola es la segunda actividad económica que más sanciones recibió, un total de 68, seguido del aceite de oliva, con 31. Los actores económicos del lácteo se llevaron otras 25 multas, mientras que los del cárnico recibieron 20, doce de ellas para el bovino y las otras ocho para el avícola. También hubo 13 sanciones para los frutos secos, 4 para la aceituna de mesa, una para las legumbres y otra para los piensos.
Las causas
En cuanto a los motivos para imponer estas sanciones, el incumplimiento de los plazos de pago es la principal causa de hasta un total de 146 de estas multas durante el pasado año. Otras 55 se debieron a la ausencia de contratos, mientras que 32 más tuvieron su origen en no incluir todos los extremos, entre ellos el precio, en este documento obligatorio. Hubo 15 multas por no suministrar la información requerida, 16 por modificaciones unilaterales no pactadas y ocho más por destruir valor en la cadena alimentaria. Industrias y mayoristas fueron lo principales sancionados, con más de un centenar de multas, frente a los minoristas, que solo recibieron 26, y a los productores, multados solo en nueve ocasiones.
