UU.AA. lamenta que se levante el veto para acceder a ayudas públicas a las industrias sancionadas por incumplir la Ley de la cadena
AGRICULTURA
La formación critica que Medio Rural haya reformado las bases de las subvenciones para las inversiones en transformación y comercialización del productos agrarios para eliminar este requisito
22 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Años lleva el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) reclamando que se deje fuera de las ayudas autonómicas a aquellas empresas que incumplan con la Ley de la cadena. Y todo parecía indicar que, por fin, había conseguido que Medio Rural escuchase sus peticiones. El pasado 27 de enero, la consellería publicó las bases de las ayudas para inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. Y en ellas se incluía un veto a obtener estas subvenciones para todas las empresas que hubieran sido objeto de sanción por incumplir la mencionada normativa. Sin embargo, la Xunta ha cambiado de idea y ha corregido esa normativa con una nueva orden que UU.AA. considera «intolerable».
«Unións Agrarias condena a marcha atrás da Xunta de Galicia no que á defensa do sector produtor contra os abusos das industrias se refire», argumenta esta organización. La entidad se muestra muy crítica con el cambio que ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia y en el que la consellería «contrariamente ao que anunciara hai só tres meses, finalmente non vetará o acceso das industrias sancionadas por incumprimentos graves da Lei de Cadea e axudas públicas», afirma.
Con esta medida, «incumprir a Ley da cadea seguirá sen ter apenas consecuencias para as industrias. E é así porque a Xunta ven de recuar respeto a unha directriz indispensable para a blidaxe dos dereitos do sector productor», añade el sindicato. Hasta el cambio, las bases de las ayudas establecían que las empresas que fueran objeto de sanción firme grave o muy grave por haber incumplido la normativa en los dos años anteriores al pago de la ayuda no podrían beneficiarse de estas subvenciones. Además, establecía la obligación de devolver la cuantía percibida en el caso de que los beneficiarios fueran objeto de sanción en los cinco años posterior al pago de la ayuda.
La formación agraria acusa a la consellería de desdecirse y dejar en la estacada a agricultores y ganaderos al publicar una modificación del texto que elimina el veto por considerarlo una penalización excesiva carente de la requerida proporcionalidad para la infracción cometida. Al mismo tiempo, no entiende que la Administración autonómica opte por mirar hacia otro lado «ante os abusos e incumprimentos das industrias e que non lle trema o pulso en seguir premiado con cartos públicos a quen ignora as súas obrigas e a legalidade vixente».
Por otro lado, Unións Agrarias recuerda que lo único que se pedía es la aplicación del mismo criterio que la administración ya emplea en otros casos, como cuando excluye del acceso a líneas públicas de ayudas a empresas que no estén al corriente en los pagos a la Seguridad Social. «Ninguén se escandaliza porque isto sexa así nen se cuestiona a proporcionalidade dunha medida que probablemente terá importantes consecuencias para as pequenas empresas. Porén, a administración cuestiona a proporcionalidade da mesma medida para industrias con ingresos millonarios, mesmo cando estes son obtidos a custa de ignorar a legalidade vixente e os dereitos de agricultores e gandeiros», sostiene.
El cambio de idea de Medio Rural, añade este sindicato pone en riesgo la credibilidad de la AICA gallega, una herramienta que, sostiene, ya tenía dificultades de funcionamiento por su deficiente dotación y los escasos medios técnicos y humanos «e que agira se vai ver reducida a un simple adorno», añade. Y concluye que este veto, junto con el endurecimiento de lasa sanciones, son medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria.
Medio Rural alega que la medida podía tener consecuencias desproporcionadas
La Consellería do Medio Rural explicó que, tras realizar un análisis más profundo de los efectos de la aplicación de este nuevo requisito en las iniciativas empresariales del sector agroalimentario gallego, quedó claro que podría tener consecuencias desproporcionadas para las empresas, ya que la amplitud de la tipología de las sanciones graves recogidas en la ley podría dar lugar «a que a perda establecida da posibibilidade de obter subvencións ou o reintegro das mesmas constituíse unha penalización excesiva», alega.
En este sentido, la consellería explica que, por ejemplo, la inexistencia de un solo contrato alimentario en una empresa, de los centenares que puede tener habitualmente, o el incumplimiento de un solo plazo de pago a proveedores, hechos ambos que constituyen infracciones graves sancionadas con 3.000 euros, podrían ocasionar la pérdida o devolución de las ayudas por importes muy superiores, de varios cientos de miles de euros.
Tras haber realizado este análisis, y considerando además las recientes modificaciones que incorporan tanto la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria como la puesta en marcha del Servicio de la cadena agroalimentaria y control de prácticas comerciales desleales, «considerábase aconsellable suprimir o referido requisito desta liña de axudas e estudar a súa introdución na orde a partir do ano que vén», concluye la consellería.