Durante las últimas semanas hemos asistido a manifestaciones y protestas de agricultores en varios países europeos. Las razones son múltiples: los bajos precios recibidos en origen, su escaso poder de negociación en la cadena de suministro o la creciente presión regulatoria, especialmente en materia medioambiental. Estos ingredientes explican la situación actual.
Sin embargo, sorprende que estas «revueltas» se produzcan justo ahora. Al menos, si echamos un vistazo a los datos. De acuerdo con la herramienta de monitorización de los precios de los alimentos de la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat), observamos que en España el precio en origen de los alimentos ha subido más que en la industria procesadora y que en los supermercados y tiendas minoristas.
La crisis inflacionaria en la alimentación no ha provocado un aumento de los márgenes de los supermercados. Por ejemplo, a lo largo del año 2022 una de las grandes distribuidoras en España obtuvo un margen de beneficio unitario del 3,2 %. ¿Qué quiere decir esto? De cada euro que se vende en sus supermercados, solo 3,2 céntimos son de ganancias. Exactamente la misma cantidad que en el 2021. Sucede lo mismo en otras cadenas. Es decir, la subida de precios ha ido a parar, en mayor medida, a retribuir el aumento de los costes de los agricultores.
¿Y qué hay de la rentabilidad? Los márgenes de las pequeñas y medianas explotaciones se encuentran en alrededor del 17 % del valor añadido. De hecho, la tendencia es alcista, después de registrar pérdidas entre el 2008 y el 2012. Las únicas que han empezado a registrar un deterioro en sus cuentas son las grandes explotaciones. En el 2019 registraron un margen del 27,4 %. En el 2022, el beneficio es de menos de la mitad.
Entonces, ¿cuál es el motivo de los movimientos en el campo de estas semanas? Una hipótesis plausible tiene que ver con una crisis de tipo existencial. La competencia internacional amenaza con hacer desaparecer a parte de la población que vive del campo. Y la regulación y burocracia europeas dificulta el colocar los productos a un precio competitivo. Por eso se pide protección contra el «globalismo». La protección puede venir desde Europa o desde dentro de los estados miembros, como en el caso de Francia.
Sin embargo, la pregunta clave que nos debemos formular es la siguiente: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a pagar más por los alimentos para mantener un sector agrario nacional protegido de la competencia internacional?
En junio se van a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo. La mayor parte de las medidas regulatorias que afectan al campo proceden de Bruselas. Cuanta más presión puedan hacer los agricultores en estos momentos, más beneficio pueden obtener. La amenaza de que partidos extremistas recojan el descontento cultivado en el campo es alta.