¿Qué reivindicaciones del campo se incluyen en las 43 medidas de Agricultura?
AGRICULTURA
Solo la Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Uniones han ratificado un acuerdo que para otras organizaciones agrarias presenta grandes carencias
10 abr 2024 . Actualizado a las 08:36 h.Agricultura presentó la pasada semana un documento con 43 propuestas que buscaba poner fin, de una vez por todas, a las protestas que agricultores y ganaderos han protagonizado en toda España. Hasta ahora, solo dos organizaciones agrarias lo han ratificado. La primera de ellas en hacerlo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), considera que el documento recoge buena parte de las reivindicaciones del campo. La segunda, Unión de Uniones, cree que se está trabajando en el buen camino, pero que todavía quedan muchas cosas que mejorar. La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), en cambio, afirman que la propuesta del ministerio es insuficiente y, por lo tanto, no están dispuestos a ratificarla. A continuación, analizamos en detalle qué incluye y que deja fuera la oferta realizada por Agricultura a las organizaciones agrarias.
¿Qué incluye el acuerdo de Agricultura?
La propuesta del ministerio incluye 43 medidas que buscan, por un lado, flexibilizar y simplificar la PAC. Para ello, modifica los requisitos incluidos en la condicionalidad reforzada, en los ecorregímenes y en los controles. También propone modificar alguna normativa ganadera que está dando quebraderos de cabeza al sector y algunas propuestas para tener en cuenta a la hora de firmar acuerdos comerciales con otros países. Por otro lado, refuerza la Ley de la Cadena y el sistema de seguros agrarios. También prevé medidas de fiscalidad y financiación para dar mayor liquidez al sector y una dotación extraordinaria de 20 millones de euros para facilitar la incorporación de jóvenes al sector. Por último, flexibiliza los requisitos de la ley de prevención de riesgos laborales.
¿Cómo cambian los requisitos de la condicionalidad?
Según un análisis elaborado por UPA, las organizaciones agrarias han conseguido todas las reivindicaciones que perseguían a la hora de flexibilizar y simplificar el cumplimiento de las conocidas como Buenas Prácticas Agrícolas y Medioambientales, conocidas como BCAM. Así, desde el 1 de enero de este año, se permite una serie de prácticas que permitirán flexibilizar la medidas de gestión del suelo, como la labranza en parcelas que superficie igual o inferior a una hectárea y en aquellas irregulares o alargadas. También se podrán hacer labores verticales y aplicación de abonado en verde en los rastrojos de cultivos de invierno. Además, se elimina la obligación de rotar, que se cumplirá con la rotación a tres años, y la obligatoriedad de dejar parte de la tierra en barbecho.
¿Y los de los ecorregímenes?
También aquí UPA considera que se han cumplido todas las exigencias presentadas. Se pedía una flexibilización del ecorregimen de pastos y se ha conseguido que se reduzca la carga ganadera, que se amplíe el período durante el que no se puede segar o que se recorte la superficie sin segar de una explotación. En el de rotación se ha eliminado el límite máximo de superficie de barbecho y se ha reducido la superficie mínima de leguminosas en comarcas en las que llueve poco. Y en el de siembra directa se permitirá, de forma excepcional, una labor vertical. UPA considera que también se han atendido las reivindicaciones del campo relacionadas con el ecorregimen de biodiversidad y con el de cultivos leñosos. En este último se establece la posibilidad de combinar cubiertas vegetales e inertes y estas se podrán manejar mediante ganado, además de que se establecen excepciones para las comarcas con baja pluviometría.
¿Se reducen los controles a las explotaciones?
Una de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias era que se eliminara el cuaderno digital, que será voluntario y con incentivos para los que lo utilicen, y que se simplificaran los controles, de los que quedarán exentos las explotaciones de menos de diez hectáreas. Aquí, queda en el aire la petición de eliminar la obligatoriedad de las fotos georreferenciadas, aunque el Gobierno se compromete a solicitar permiso a la Comisión Europea.
¿Qué pasa con las normativas ganaderas?
Esta era otra de las quejas del sector, que las últimas legislaciones que entraron en vigor comprometían la viabilidad de algunas explotaciones. El acuerdo establece que se aplazará la obligatoriedad de identificar electrónicamente al ganado y la que obliga a las explotaciones ganaderas a disponer un plan sanitario integral, además de que el plan de bienestar animal, exigible a explotaciones bovinas, se aplicará a partir del 2027. Todos estos cambios están en proceso, pues se va a trabajar durante los próximos meses para tratar de adaptar las normativas a la realidad del sector. No se ha conseguido nada sobre el real decreto que ordena el porcino. En cambio, sí hay avances en el reglamento de deforestación importada y en el de nutrición de suelos. Aquí se flexibilizan los requisitos relativos a la aplicación de estiércol.
¿Se rebajará la protección del lobo?
En el apartado de modificación de la normativa ganadera, se ha conseguido una simplificación de las inspecciones y un compromiso del ministerio para financiar los gastos destinados a las campañas del plan de actuación sobre tuberculosis, así como de los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra las enfermedades animales. El ministerio también se compromete a convocar un foro temático sobre ganadería extensiva para analizar los problemas y desafíos del sector. Sin embargo, el acuerdo no atiende del todo a la petición de las organizaciones de sacar al lobo de Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (LESPRE). Transición Ecológica solo se compromete a estudiar la procedencia de rebajar la protección del lobo a partir de la actualización de los censos de esta especie, que dependen de los datos que aportan las comunidades autónomas.
¿Habrá cláusulas espejo?
Según UPA, en el acuerdo se incluyen medidas para evitar la entrada de productos tratados con fitosanitarios que están prohibidos en la UE y el Gobierno también reforzará la inspección en las fronteras, pero sobre las llamadas cláusulas espejo, solo se compromete a defender en todos los foros comunitarios la necesidad de ponerlas en marcha. Por otro lado, se creará un grupo de trabajo permanente para hacer un seguimiento de las exportaciones e importaciones de productos agrarios.
¿Cómo se reforzará la Ley de la cadena?
Agricultura se ha comprometido a convertir la Agencia de Control e Información Agroalimentario (AICA) en una agencia estatal, lo que la dotará de más medios. A mayores, se tratará de incrementar los controles que realiza esta entidad y se dará publicidad a las multas acumuladas por las empresas. Al mismo tiempo, el Observatorio de la Cadena se reunirá trimestralmente para incrementar la publicación de estudios de márgenes de las distintas cadenas de alimentos. Por otro lado, el ministerio apoyará a las organizaciones agrarias a la hora de informar al agricultor para calcular el coste efectivo de su producción. Todo esto eran reivindicaciones de las organizaciones que fueron atendidas por Agricultura.
¿Se reformularán los seguros agrarios?
COAG y ASAJA centran sus críticas en que no se ha conseguido un acuerdo para los seguros agrarios, pero UPA asegura que se ha logrado todo lo que se pedía. Porque el ministerio se ha comprometido a desarrollar instrumentos que permitan cubrir la siniestralidad extraordinaria, producida por el cambio climático. También se le ha reclamado a las comunidades que aumenten sus subvenciones. A mayores, también se ha conseguido el compromiso del ministerio para mantener la fiscalidad del gasoil agrícola, establecer deducciones fiscales y aumentar el límite máximo de ingresos para permanecer en módulos.
¿Qué medidas fiscales y de financiación se incluyen?
Lo que no se ha logrado es eliminar el límite de los 2.000 euros en gastos de difícil justificación que permitiría dotar a las comunidades de regantes de capacidad para repercutir el IVA soportado en sus actividades económicas a los comuneros, de forma que estos puedan repecurtirlo. Pero sí se pondrán en marcha medidas que permitirán movilizar 200 millones de euros en exclusiva para jóvenes agricultores y para promover el relevo generacional. También se ha quedado atrás la propuesta de las organizaciones de contar con bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para paliar la subida del salario mínimo y la de adaptar la reforma laboral a las necesidades del campo.