Bruselas presenta medidas para simplificar la política agraria que ahorrarán 1.580 millones de euros a los agricultores y 210 a las administraciones nacionales

Con la amenaza de una nueva protesta de los agricultores convocada por Copa-Cogeca en toda Europa para el día 20, el comisario e Agricultura, Christophe Hansen —acompañado por el  vicepresidente Ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y por el comisario de Economía y Productividad; Implementación y Simplificación,Valdis Dombrovskis— presentó esta mañana una propuesta de un nuevo paquete de medidas para simplicar la política agraria común (PAC) que, como dijo, supondrán un ahorro de 1.580 millones de euros para los agricultores y otros 210 para las administraciones nacionales. Pero además tiene el objetivo flexibilizar y facilitar la gestión de los pagos, algunas medidas de condicionalidad y las herramientas para poder habilitar fondos cuando se produce una crisis tanto derivada de un fenómenos meteorológico como de una plaga. Entre sus propuestas concretas está, por ejemplo, que solo se realice una inspección in situ al año por explotación. Todo sin perder de vista las ambiciones medioambientales de la UE. 

Ahora esta propuesta legislativa deberá de ser presentada al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. De ahí que como ya comentó la semana pasada el ministro de Agricultura, Luis Planas, es probable que no se apliquen los cambios hasta el próximo período de solicitud de ayudas de la PAC.  De hecho, Hansen pidió a los legisladores que aprueben estas medidas antes de final de año para que los cambios puedan llegar a los agricultores en el 2026: «Estamos haciendo todo lo posible por reducir la burocracia para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: producir alimentos para todos, protegiendo al mismo tiempo nuestros recursos naturales».

A falta de conocer la letra pequeña, muchos de los 24.000 agricultores y ganaderos gallegos que realizan cada año la solicitud única de la PAC podrían beneficiarse de estos cambios. Porque la propuesta recoge un régimen de pago simplificado para los pequeños agricultores. En esos casos, el límite del pago único anual que reciben esos pequeños productores se incrementará desde los 1.250 a los 2.500 euros. El objetivo es el de promover una distribución más equilibrada de las ayudas, fortalecer la vitalidad de las zonas rurales donde las pequeñas explotaciones desempeñan un papel económico clave y reducir las cargas administrativas tanto para los agricultores como para las autoridades. Estos agricultores también estarán exentos de ciertas normas ambientales, popularmente conocidas como condicionalidad, pero podrán beneficiarse de pagos que premian la agricultura ecológica y la aplicación de medidas recogidas en los ecoesquemas. 

Un mejor acceso a financiación para los agricultores y ganaderos es otra de las cuestiones abordadas en el paquete. Para ello se habilitará una nueva opción de financiación, menos complicada, que ofrece a estos productores hasta 50.000 euros en un solo pago para ayudarles a ser mejor competitivos. 

El Ejecutivo comunitario también insta a las administraciones nacionales a desarrollar modelos digitales capaces de intercambiar información entre distintos organismos. la idea es que el agricultor y ganadero pueda informar una vez par que esa información sea utilizada luego varias veces. La idea, es que los agricultores solo tengan que enviar sus datos una vez, a través de un único sistema, «ahorrando tiempo, reduciendo costes administrativos y mejorando la gestión de las explotaciones».

En cuanto a los requisitos que han de cumplir los demandantes de ayudas de Bruselas y los controles a los que han de someterse estas granjas, la propuesta presentada esta mañana trata de adaptar esas obligaciones las diversas prácticas agrícolas que conviven en la UE  y a las condiciones particulares de cada región. Porque incluso dentro de un mismo país, las condiciones que influyen en su agricultura y ganadería son totalmente diferentes en un lugar u otro. El mejor ejemplo es España. De ahí que Bruselas quiera reducir ahora la superposición de las reglas de la UE  con las normas nacionales existentes. En este sentido, el comisario Hansen puso el ejemplo de las granjas ecológicas certificadas. El hecho de tener esa certificación bastaría para que se entienda que automáticamente  cumplen algunos de los requisitos ambientales de la UE para recibir financiación.

Para algunos de los requisitos más exigentes, explican desde Bruselas, los agricultores pueden beneficiarse de incentivos para la protección de turberas y humedales, según lo establecido en las Buenas Condiciones Agrícolas y Ambientales 2 (BCAM 2). Este apoyo también les ayudará a cumplir con las normas nacionales que van más allá de las normas de la UE, garantizando una compensación justa por su esfuerzo.

Pero el Ejecutivo comunitario también quiere dar más margen a los estados para poder disponer de fondos para hacer frente a contextos catastróficos como ocurrió en Valencia con la dana, por ejemplo. En este sentido, el comisario abrió la mano a poder disponer de fondos de la PAC más allá del fondo de crisis: «Los fondos de reserva no son suficientes, habrá que usar otros fondos para afrontar imprevistos no solo climáticos, también los provocados por enfermedades animales; resulta importante que los Estados tengan herramientas y que no tengan que esperar al próximo marco financiero plurianual».

Al mismo tiempo hay la idea de que los Estados miembros se beneficien de una mayor flexibilidad para adaptar sus Planes Estratégicos de la PAC, ya que solo se requerirá la aprobación previa de la Comisión para las modificaciones estratégicas. Esto tendrá un impacto positivo en los agricultores, que se beneficiarán más rápidamente de los cambios introducidos. 

Aunque la propuesta mantiene los fondos de la reserva agrícola, añade que podrán realizarse dos nuevos tipos de pagos de crisis en el marco de los pagos directos y el desarrollo rural. «Los Estados miembros podrán destinar hasta el 3 % de la financiación anual de su plan de la PAC a ayudar a los agricultores a afrontar los efectos de desastres naturales o enfermedades animales. Se podrá recurrir a estas nuevas herramientas en caso de desastres naturales y fenómenos climáticos adversos que afecten directamente a los agricultores. Los Estados miembros podrán utilizarlas modificando sus planes estratégicos de la PAC». Estos pagos serían complementarios de la reserva. 

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