La Xunta ha iniciado la anulación de unos acuerdos suscritos hace décadas
28 jul 2023 . Actualizado a las 19:41 h.Propietarios de montes conveniados de varios municipios de la zona oriental de Lugo llevan años batallando para que se les devuelva la gestión de sus terrenos. Se trata de fincas que se entregaron, hace décadas, al Patrimonio Forestal del Estado después de haberse dividido entre vecinos de distintas aldeas o parroquias. El acuerdo suponía que la administración se encargaba de cuidar el monte, y cada propietario recibía el 70 % del beneficio de las ventas por cortas de madera, en una cantidad que era directamente proporcional a la cantidad de terreno entregada.
La situación coincidió con un momento de cambios en el campo. Por un lado, el Estado potenciaba la repoblación forestal y así pasaba a disponer de terrenos para ello. Por otro, en el medio rural se habían ido abandonando usos tradicionales —cavar en el monte o recoger leña para las casas, por ejemplo—, y así se aseguraba que las fincas estuviesen al menos bien cuidadas.
La repoblación se llevó a cabo con pino de distintas especies, y los acuerdos se fueron cumpliendo, aunque, según algunos propietarios, no en las condiciones que se preveían. «Negocio nunca foi», dice uno de los que ahora trata de recuperar la gestión de su terreno. Los acuerdos de cesión recogían distintos períodos de vigencia —de 30 años en unos casos y de 50 en otros—, pero la situación se complica porque hay dueños que murieron y ni siquiera se sabría con certeza a quién corresponderían posibles beneficios.
Centenares de propietarios
Solo en una zona oriental de Lugo que incluye municipios como Meira, Riotorto, A Pontenova y A Fonsagrada la situación afecta a varios centenares de propietarios y miles de hectáreas. Los datos que maneja Medio Rural muestran que hay 263.775,4 hectáreas de monte de gestión pública en Galicia y desde la Asociación Forestal Galega (Asefoga) calculan que en torno a un 7,5 % se corresponderían con estos montes conveniados. Es decir, unas 19.783 hectáreas.
Francisco Veiga, el propietario de uno de estos montes natural de la parroquia de A Órrea (Riotorto), asegura que se trata de un problema muy extendido en diversas zonas de Galicia. Vecinos de ese lugar y de otros cercanos mantuvieron recientemente una reunión para abordar este tema, y la posibilidad de acudir a los tribunales o a la Valedora do Pobo. Es una opción que no descartan, pero por ahora es solo una idea.
Otra alternativa que barajan es la creación de alguna plataforma que los agrupe, pero en ese caso se toparían con que en muchos casos sería complicado encontrar a los propietarios. Muchos de los dueños originales murieron y no se sabe a quiénes los dejaron o son propiedad de emigrantes con los que difícilmente se lograría contactar.
Lo que sí recalcan los propietarios es que la situación creada les supone un claro perjuicio económico, pues la madera de pino, la que abunda en esos terrenos, se cotiza en estos momentos a un precio —60 euros la tonelada en determinadas zonas, según dice algún dueño— que se considera interesante y con este impás no se logra beneficio alguno. En subasta pública el pino oscila actualmente entre los 45 y 50 euros por tonelada tras haberse incrementado su precio tras la pandemia.
Proceso lento
Mientras tanto, la Xunta, titular de las competencias en materia forestal, asegura que hay montes conveniados que ya están sometidos a un proceso de anulación del convenio. El problema es que es un trámite largo. Según fuentes de la Administración autonómica, requiere la firma de todos los propietarios implicados. Esa es una tarea complicada teniendo en cuenta las dificultades poder localizarlos. Además, añaden, es un proceso más largo que si se tratase, por ejemplo, de una comunidad de montes. La razón es que en este último caso bastaría con el acuerdo de la asamblea.
Algunos propietarios han mantenido contactos con responsables de la administración autonómica y reconocen que la actitud encontrada ha sido respetuosa y receptiva. Sin embargo, también admiten que ese clima cordial no se ha traducido hasta ahora en avances concretos para este asunto, y asumen que la resolución exigirá dosis de paciencia. «A Administración quere deixar eses montes, as persoas propietarias queremos recuperalos... Pero nada se move», dice uno de los afectados.
Las parroquias de la parte este de Lugo en las que se presenta esta situación se caracterizan por lo general por tener un relieve abrupto. La abundancia de pendientes hace inviable la actividad de la ganadería, pero en las últimas décadas ha aumentado el protagonismo del sector forestal: a las repoblaciones de pino, llevadas a cabo hace décadas, les siguieron las de eucalipto. Un factor que ayudó a ese desarrollo fue la realización de concentración de concentraciones parcelarias. La de A Órrea, por ejemplo, se ejecutó recientemente y permitió a los dueños de monte y a los maderistas disponer de una amplia red de pistas por las que sacar el material de las cortas.
Los vecinos también se quejan de que la situación actual reduce la actividad del monte y además impide desarrollar nuevos proyectos que podrían diversificar la rentabilidad. Lo que deslizan en sus palabras es el malestar por el abandono rural y el temor a que ese abandono desemboque en incendios.
Pendientes de los contratos de gestión
La Lei de Acompañamento de 2018 que modificó la Lei 7/2012 de Montes de Galicia establece que los convenios de repoblación de la administración forestal que había en el monte cuando entró en vigor esta norma serán cancelados de oficio a partir del 31 de diciembre del 2023. Según esa norma, los dueños de montes que no tengan deudas con la Administración podrán recuperar su gestión o realizar un contrato de gestión con el ente público.
Lo mismo podrán hacer los propietarios de monte cuya deuda no pudo ser saldada por incendios u otras razones que hayan impedido el cumplimiento del convenio. Los que tengan intereses en montes con deudas pendientes con la administración deberán sustituir el convenio por un contrato temporal de gestión pública, o bien pagar a la Consellería la deuda acumulada durante la vigencia del convenio si optan por recuperar la gestión.
En diciembre del 2019, como recuerda Jacobo Feijoo, responsable de Asociación Forestal Galega (Asefoga), la Consellería do Medio Rural envió a esta agrupación de propietarios un borrador del decreto que regularía los contratos de gestión que sustituirían a los convenios o consorcios. «Daquela, no 2020, se recibiron alegacións, pero coa pandemia aí quedaron os traballos, e o decreto está sen publicar, aínda que existe aquel borrador».