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Galicia recurrirá al Supremo si se aumenta la protección del lobo

Maruxa Alfonso Laya
M. Alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

GANADERÍA

Ejemplares de lobo ibérico en el Centro de Conservación del Lobo de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León
Ejemplares de lobo ibérico en el Centro de Conservación del Lobo de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE

Las comunidades de la cornisa cantábrica aseguran que, si a mediados de junio no se retira el proyecto de orden ministerial, elaborarán su propia estrategia y recurrirán a los tribunales

26 may 2021 . Actualizado a las 09:35 h.

Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria son las cuatro comunidades donde habitan el 95 % de los ejemplares de lobo ibérico en España, explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que mantuvo un encuentro con el conselleiro de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo, y el de Desenvolvemento Rural  de Cantabria, Guillermo Blanco, así como con las organizaciones profesionales agrarias. En la reunión se puso sobre la mesa el proyecto de orden ministerial presentado la pasada semana por Transición Ecológica y que prevé la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres es Régimen de Protección Especial (Lespre) y se tomó el acuerdo de solicitar la inmediata retirada de este documento o, de lo contrario, estas comunidades llevarán el caso al Tribunal Supremo. 

 Los representantes autonómicos criticaron la decisión del ministerio de publicar el proyecto de orden ministerial por sorpresa y pidieron la constitución de una mesa de trabajo en la que se debata «todo, sen ningunha liña vermella e sen ningunha predisposición, como foi o anuncio da semana pasada». En esa mesa deberán estar representadas las comunidades, las organizaciones agrarias y no solo el Ministerio para la Transición Ecológica, sino también el de Agricultura y otras entidades que se estimen procedentes. Este grupo debería encargarse de actualizar el censo nacional del lobo y de trabajar en una renovación de la Estrategia de Gestión del Lobo con un consenso «inevitable e indispensable», reclamaron las comunidades del norte, y no como el Gobierno está haciendo actualmente.

Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias también dieron un ultimátum al Gobierno central. Si a mediados del mes de junio no hay una retirada del proyecto de orden ministerial y no hay una llamada del ministerio al diálogo solicitado, las comunidades elaborarán en conjunto su propia estrategia, que será trasladada tanto al Estado como al resto de comunidades para su consideración. Esta herramienta estará basada en un censo nacional previo y en la actualización de toda la población que también elaborarán. Pero si su propuesta no es admitida y la orden estatal se acaba publicando, las comunidades del norte presentarán, como última medida inevitable, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo «para pedir medidas cautelarísimas de suspensión da orde, co fin de paralizar a su eficacia ata o pronunciamente final da xustiza», argumentaron. 

Indemnizaciones del ministerio

Por otro lado, las comunidades no entiende que el texto redactado por el Gobierno argumente que la decisión de incluir al lobo en el Lespre «non suporá o incremento dos recursos económicos dispoñibles», pues ellas entienden que, a partir de que se publique la orden ministerial sobre el lobo, es Transición Ecológica el que debe hacerse cargo de todas las indemnizaciones y compensaciones derivadas de los daños que produzca la especie, además de las actuaciones preventivas. Dos acciones que, hasta ahora, han financiado las comunidades. Galicia, por ejemplo, dio ayudas por valor de cinco millones de euros desde el 2015. Vázquez recordó que la comunidad ya cuenta con su propio plan de gestión del lobo, que hizo aumentar las manadas de 60 a 90 en poco más de diez años, «unha cifra que segue aumentando, como o demostra o incremento de danos nos últimos anos». 

Las comunidades del norte acusaron también al Gobierno de «deslealdade institucional» por todas las decisiones que tomó durante los últimos meses con respecto al lobo pero, sobre todo, por mandarles el proyecto de orden ministerial solo 24 horas antes de que se abriera el período de información pública. Un «desprezo», según lo calificaron, «fronte ás numerosas chamadas ao consenso» realizadas por ellas durante los últimos meses. Dejaron claro, además, que no van a suscribir ni aplicar la nueva estrategia de gestión de la especie, que viene a sustituir a un documento aprobado en el 2005 y que, recuerda, sí contó con el consenso de todas las autonomías.