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Las sucesivas propuestas del Gobierno traen de cabeza a las granjas de visones gallegas

Maruxa Alfonso Laya
m. alfonso REDACCIÓN

GANADERÍA

Álvaro Ballesteros

El sector guarda silencio ante el anuncio de su desaparición

20 may 2022 . Actualizado a las 13:23 h.

A la expectativa. Así vive desde hace meses el sector peletero gallego, que agrupa al 80 % de todas las granjas que existen en España. Porque en los últimos meses se han anunciado varias normativas que podrían poner en jaque su futuro. La primera, la Ley de Protección y Derechos de los animales, aprobada a instancias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo texto definitivo todavía no ha sido publicado. La última, el borrador del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2030, que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica y que prevé el cierre progresivo de estas explotaciones. Ante esta situación, el sector guarda silencio, a la espera de que alguno de estos anuncios cobre forma oficial y pueda conocer, con certeza, que le depara el futuro.

Todo parece indicar que entre las intenciones del Gobierno central están las de acabar con el sector ganadero de la peletería. Esta es una vieja reivindicación de las agrupaciones ecologistas, que sostienen que estas explotaciones son un problema para el entorno en el que se ubican y que, tras el coronavirus, se han convertido en posibles focos de infección y transmisión de la enfermedad. Critican, además, que su único objetivo sea el de criar animales con el fin de matarlos para sacarles su piel en una práctica que, sostienen, cada vez rechaza más gente.

Así que muchas de estas entidades recibieron con los brazos abiertos lo que parecía el primer intento del Gobierno para poner fin a este sector: la Ley de Protección y Derechos de los animales. Según Libera, ese documento iba a suponer el fin de estas explotaciones, pero eso no quedaba tan claro tras un detallado estudio del primer borrador. En él se prohibía la cría de animales silvestres alóctonos, pero no especificaba en detalle qué sucedía con los que están catalogados como animales de producción, como es el caso del visón. El segundo borrador de esta normativa, además, dejaba claro que quedaban al margen de su regulación este tipo de animales.

Sin embargo, desde que el Consejo de Ministros aprobó el texto definitivo de la ley, este todavía no se ha hecho público. Con lo que los propietarios de las granjas de visones siguen a la expectativa de si esa futura normativa, pendiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor, les afecta finalmente de alguna manera.

Ahora, el sector se ha encontrado de bruces con el borrador del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, hecho público esta misma semana por Transición Ecológica. En esta ocasión queda claro que su objetivo es cerrar estas explotaciones, pues el documento asegura que «se programará el cierre progresivo de las granjas de visón americano, que deberá culminar como máximo en el 2030 y se mantendrán y reforzarán las campañas de erradicación de las poblaciones asilvestradas de esta especie». La noticia ha cogido por sorpresa al sector gallego que, de nuevo, está a la expectativa de qué sucederá finalmente con este borrador. Si sale adelante tal y como está redactado, dispondrán de un plazo de menos de ocho años para reconvertirse o cerrar sus puertas.

Galicia acatará una normativa que puede suponer el cierre de 25 explotaciones

Según los datos de la Consellería do Medio Rural, en Galicia hay actualmente 25 explotaciones ganaderas dedicadas a la cría del visón, lo que supone el 80 % de las que existen en España. En ellas se cuida cada año a un total de 71.479 hembras, que producen 615.000 pieles. La actividad, explican en la Asociación Española de Criadores de Visón (Agavi), da empleo directo a 1.500 personas e indirecto a otras 3.000 en todo el país. En territorio gallego, buena parte de estas granjas, un total de 20, se ubican en la provincia de A Coruña, mientras que otras cuatro están en Pontevedra y solo una en Lugo.

Ante el anuncio del ministerio, Medio Rural sostiene que si las autoridades comunitarias o los estados miembros toman una decisión que determine el cierre de estas explotaciones, Galicia tendrá que acatar la normativa. En todo caso, la consellería recuerda que la comunidad sigue cumpliendo con los parámetros y el plan de control de vigilancia y seguimiento de estas explotaciones. También están vigentes los protocolos acordados por la Comisión Europea y por el Gobierno central para controlar la incidencia del coronavirus. Planes todos ellos que han permitido poner freno a los positivos de esta enfermedad en las granjas.