Junto con la Fundación Juana de Vega y la USC estudiará la movilidad de fincas en Galicia para adecuar las políticas públicas a esos datos
01 ago 2023 . Actualizado a las 20:38 h.Allá por el 2020, cuando la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia publicada en el DOG en el mes de mayo del 2021, estaba cocinándose desde la Consellería do Medio Rural deslizó un ambicioso objetivo: movilizar unas 320.000 fincas de propietario desconocido. La cantidad, equivalente a un 40 % de las fincas rústicas que hay distribuidas por toda la comunidad, es producto del abandono de la actividad agraria. Y por eso no sería tarea fácil localizar a sus propietarios. El reto no era desconocido para la Administración, pero los que vivieron de cerca la ola de incendios del 2017 sabían que tratar de poner a producir esos terrenos era la única arma realmente eficaz para prevenir las llamas. Los meses pasaron, la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, obtuvo el respaldo del Parlamento y la Xunta pisó el acelerador de la puesta en marcha de las herramientas que incluía la norma. Desde las aldeas modelo a los polígonos agroforestales pasando por agrupaciones de gestión conjunta e incluso concentraciones parcelarias en aquellas zonas donde lo demandaba la actividad agraria o ganadera. No fue, ni es fácil.
Más allá de problemas como las quejas de algunos concellos por el reducido plazo para poder realizar las obras subvencionables en las aldeas modelo, el gran problema con el que se toma la Administración es la desactualización del catastro. De hecho, llegó a comprobarse cómo en torno a un 70% de las fincas abandonadas del interior de las provincias de Ourense o Pontevedra no estaban ni registradas. Para tratar de ponerle remedio la Consellería do Medio Rural se aliará con la Secretaría de Estado de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro, colaborarán en el establecimiento de procedimientos de intercambio de información y actualización de datos catastrales.
Lo harán, como explican desde la Xunta, por medio de un convenio de colaboración que fue evaluado este jueves por el Consello de la Xunta. «Esta norma _explica el Gobierno autonómico en un comunicado_ permitirá iniciar a actualización do catastro, unha cuestión que é competencia exclusiva do Estado, a través do Ministerio de Facenda e Función Pública, pero na cal Galicia quere colaborar». ¿Cómo hará? Pues usando los mecanismos habilitados por la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia para revisar la titutaridad de los terrenos, además de la geometría y topografía de aquellos que tengan interés.
Para tratar de actualizar este registro harán distintos grupos de trabajo, cada uno de los cuales desarrollarará una tarea específica. Elprimero de ellos estará centrado en la investigación de la titularidad de las parcelas; el segundo de ellos se centrará en cruzar datos de aprovechamientos forestales. Lo que harán en este último caso es analizar el grado de coincidencia entre el titular del aprovechamiento de la madera y los titulares catastrales de las fincas.
Un tercer grupo de trabajo se centra en los montes vecinales en man común, montes de utilidad pública, montes de varas y montes patrimoniales de la Xunta, mientras que el cuarto grupo revisará la relación de explotaciones agrarias y la política agraria común (PAC) para promover protocolos que permitan ajustar la información gráfica y alfanumérica de las bases de datos dependientes de la Xunta y del Estado con la realidad que ven sobre el terreno.
Observatorio da Mobilidade de Terras
Saber cómo son los movimientos de tierra en Galicia es fundamental para poder articular la política más adecuada. La cuestión es analizar los datos de operaciones de intercambio de tierra a nivel autonómico, pero también a nivel de parroquia o concello. Para poder realizar ese trabajo, el Consello de la Xunta autorizó otro convenio entre el Gobierno autonómico, a través de la Consellería do Medio Rural, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, el Fondo Galego de Garantía Agraria, la Axencia Tributaria de Galicia, el Instituto de Estudos do Territorio, la Fundación Juana de Vega y la USC para observar la movilidad y mercado de la tierra en Galicia. De esa forma tratarán de poner en marcha un Observatorio de Mobilidade de Terras con el objetivo de mejorar la transparencia de los mercados, además de conocer sus tendencias.